Justicia

Juzgan a líderes comunitarios por destrucción de centro de justicia

El juicio contra siete líderes comunitarios de Huehuetenango comenzó este miércoles en el Tribunal de Mayor Riesgo A. El grupo se opone a la instalación de una hidroeléctrica. .

Por Guatemala / AP

familiares y activistas de derechos humanos consideran a los detenidos como presos políticos. (Foto Prensa Libre: Jerson Ramos
familiares y activistas de derechos humanos consideran a los detenidos como presos políticos. (Foto Prensa Libre: Jerson Ramos

Se trata de dirigentes que se oponen a la instalación de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, ubicada en el departamento de Huehuetenango, a quienes el Ministerio Público acusa de haber secuestrado en 2013 a 10 trabajadores de la hidroeléctrica así como en 2015 haber participado en la destrucción de las instalaciones de un centro de justicia y coaccionar a un juez para liberar a otros comunitarios detenidos.

Según la fiscalía, Mynor López, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Sotero Adalberto Villatoro Hernández, habrían incitado a un grupo de personas para que secuestraran en 2013 a 10 trabajadores de la Hidroeléctrica cuando estos iban a laborar y los habrían obligado a firmar un documento donde se comprometían a no trabajar más en la hidroeléctrica. “Juan Pedro” y “Pablo Juan” son apellidos legalizados en Guatemala.

La fiscalía también acusa a Bernardo Ermitaño López Reyes de haber organizado a la comunidad en 2014 para evitar que se llevaran a prisión a López, Juan Pedro, Pablo Juan y Villatoro Hernández. También acusa a Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltasar de coaccionar al juez para dejar en libertad a dos campesinos acusados de asesinato.

El abogado defensor Benito Morales dijo que las acusaciones de la fiscalía obedecen a la persecución política de los líderes comunitarios por su oposición a la instalación de la hidroeléctrica en sus territorios y en detrimento de su tierra.

“Sus detenciones son arbitrarias, exigimos que se haga justicia”, dijo Morales que argumentó que los acusados llevan varios meses de estar en prisión.

La audiencia inició sin la presencia de los acusados debido a que el Sistema Penitenciario los trasladó tardíamente a la audiencia. Los familiares y activistas de derechos humanos consideran a los detenidos como presos políticos.

La zona de Huehuetenango, departamento fronterizo con México, ha sido blanco de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y campesinos que se oponen a los megaproyectos en sus comunidades.

Declaración

Arturo Pablo Juan, uno de los acusados, fue el primero en declarar ante el tribunal. Durante su intervención comentó que se reunió el 22 de abril de 2013 con algunos trabajadores para hablar sobre las inconformidades que había en la comunidad porque ellos trabajaban en la hidroeléctrica y que incluso les sugirieron acudir a instancias como la Procuraduría General de Derechos Humanos.

Sotero Adalberto Villatoro, otro de los acusados, declaró que que les propuso dejar constancia de lo hablado, para lo cual fue a buscar al juez Anthony Pivaral pero no quiso llegar.

Villatoro comentó que al regresar al quien sonó una lámina y todos salieron corriendo, y que el representante de la empresa Manuel Celso Reyes se quedó, por lo que después lo ayudó a llegar a donde estaba una máquina quemada. Allí, indicó, había unos jóvenes a quienes les dijo que lo dejaran ir que no lo persiguieran.

Francisco Pérez Juan Pérez, quien también declaró, señaló que le sorprendió mucho que lo apresaran porque él no estaba allí y que ahora se le acusen de delitos que no cometió. Refirió que él se siente secuestrado por el Estado, que incluso ni la comida le garantiza en el preventivo.

* Con información de Geldi Muñoz.