El escrito, que reconoce que el desmantelamiento de grandes casos han “sacudido a las mafias políticas y estructuras político-criminales”, advierte que “las viejas conductas siguen presentes”  dentro de un aparato estatal “incapaz”  de controlar a estas estructuras.

“Las redes de grupos de interés clientelistas siguen operando de manera habitual”, denuncia el informe, que enumera como a pesar del trabajo de la CICIG y de la Fiscalía se “obstaculizaron”  reformas importantes, se destituyó a la fiscal Claudia Paz y Paz y “se controlaron”  las elecciones judiciales de 2014.

Como retos inmediatos, el documento explica que está el mantener “el impulso”  de los casos de corrupción de 2015, llevar las investigaciones a su fin y organizar “procesos sólidos”, además de “presionar”  para que se produzcan las reformas pendientes al poder judicial, los poderes políticos o la financiación de las campañas políticas.

Según el informe, lo más preocupante son las reformas, un punto “incierto”, máxime al estar al frente del país un presidente “nuevo, inexperto y con una estrecha base política”  como es Jimmy Morales y un Congreso “nuevo y fragmentado”, donde ninguna fuerza política tiene mayoría.

Otro hecho “difícil”  es cómo cambiar los intereses que mueven el país, con “poderosas redes de políticos corruptos”  y estructuras “del crimen organizado”  que no están dispuestas a someterse “completamente al estado de derecho”.

La CICIG presentó cuatro propuestas de reformas legislativas y constitucionales al Congreso entre 2008 y 2010, urgiendo adoptar cambios procesales y normativos para otorgarle a la Fiscalía mayor capacidad para combatir el crimen organizado y la corrupción política.

En 2011 se añadieron otra serie de reformas constitucionales destinadas a fortalecer la independencia de los jueces y del MP, y aunque se aprobaron algunas para incrementar la capacidad investigativa de la Fiscalía  (como la creación de Tribunales de gran impacto), otras están pendientes, y eso es un escollo que hay salvar.

El mandato de la CICIG, que vence cada dos años y expiraba en 2017, fue extendido la pasada semana por Jimmy Morales hasta 2019, un aspecto sobre el que se posicionó la Fiscal de Guatemala, Thelma Aldana, quien dijo que el ente de la ONU podrá irse cuando las instituciones de Justicia estén fortalecidas, algo para lo que no ha precisado fecha.