Justicia

Juzgado suspende audiencia del caso cooptación del Estado

Debido al poco espacio en el Juzgado Juzgado de Mayor Riesgo B, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió suspender  la audiencia de primera declaración de 33 personas señaladas en el caso Cooptación del Estado, mientras buscan mejores condiciones por tratarse de un número alto de implicados.

Por Geovanni Contreras

Edin Barrientos encabeza la fila de 27 capturados que se presentan a la Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: Edwin Bercián)
Edin Barrientos encabeza la fila de 27 capturados que se presentan a la Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: Edwin Bercián)

Gálvez reprogramó la audiencia para el próximo lunes y pide a la Corte Suprema de Justica (CSJ) determinar el lugar para desarrollar la diligencia, debido a la cantidad de implicados y representantes legales.

La defensa de los implicados pidió al juez que se solicite el uso de la Sala de Vistas de la CSJ para desarrollar la diligencia la próxima semana.

Según Gálvez hay seis declaraciones en anticipo de prueba en el caso. Mientras que la defensa de algunos implicados pidió al Ministerio Público que se les emplíe la información en la que se le sindican los delitos a sus clientes.

El presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas, comentó que implementarán medidas de seguridad que garanticen que los sindicados accedan a las audiencias, además de coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).

“Toda vez que directamente el traslado de los reos depende del Sistema Penitenciario, estaremos viendo si se solicita algún tipo de refuerzo por parte de la PNC”, afirmó Rojas.

Regreso al banquillo

Este día ha marcado el regreso del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión, a un nuevo encuentro ante el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

Pérez Molina suma 12 cargos con su tercer proceso —La Línea, TCQ y Cooptación del Estado—; Baldetti llega a 15, con cuatro procesos —La Línea, Lago de Amatitlán, TCQ y Cooptación del Estado—.

PP se convirtió en Ciacs

El PP utilizó un conglomerado de empresas de Víctor Hugo Hernández, quien era contador de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz en los casos La Línea y TCQ, usados  para lavar dinero y no reportarlo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La “estructura criminal” del PP, como fue calificada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señala que  a la agrupación política mencionada se  le hizo fácil hacerse con el poder  gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo.



Gustavo Alejos conversa con Dwight Pezzarossi, en la carceleta de la Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)
Gustavo Alejos conversa con Dwight Pezzarossi, en la carceleta de la Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)


Según la investigación, los financistas entregaban el dinero a las entidades que los operadores del PP les indicaban, con el conocimiento  de que no recibirían por lo entregado ningún bien o servicio, pues en la mayoría de casos se trataba de firmas de cartón.

Las empresas de Hernández le entregaban facturas falsas y, en ocasiones, por servicios intangibles y difíciles de rastrear  como “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repite constantemente.

Hernández recibía  por los servicios prestados  un pago mensual. Para ello utilizaba las empresas Adinse, HJ&AV, Jayes y Mayfe, entre otras  de  cartón.