Justicia

Miguel Ángel Gálvez sigue con caso Cooptación del Estado

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, rechazó ayer la solicitud de la defensa de la exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC) Emilia Ayuso de que se separara del caso Cooptación del Estado de Guatemala.

Por Jerson Ramos

El juez Miguel Ángel Gálvez seguriá conociendo, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, el proceso de Cooptación del Estado. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)
El juez Miguel Ángel Gálvez seguriá conociendo, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, el proceso de Cooptación del Estado. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

Gálvez explicó que el proceso se refiere a acciones de lavado de dinero en las cuales habrían participado funcionarios y empleados públicos durante el gobierno del Partido Patriota, encabezado por  Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, procesados en el caso.

El juez relató que, al principio, el Ministerio Público (MP) dividió la investigación en fases, las cuales con posterioridad fueron unidas en un solo expediente, trasladado por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia a su despacho.

Consta en el expediente que el MP recibió una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, referente a acciones que podrían relacionarse con lavado de dinero por adquisición de seguros para aeronaves.

El primer expediente del caso se identificó como 01074-2015-00017 y fue controlado por el Juzgado Octavo Penal.

La otra fase, que contenía las investigaciones por el usufructo oneroso que se entregó a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), comenzó en el Juzgado Segundo Penal con el expediente 01078-2015-00495, el cual fue unido con posterioridad al de lavado de dinero, que ya se encontraba bajo el control de Gálvez.

“Pueden anular los contratos de TCQ, pero el proceso penal subsiste por —lo que se investiga es— precisamente haber recibido cantidades de dinero a cambio de autorizar la construcción”.

Helicópteros

Gálvez detalló que durante las investigaciones preliminares, efectuadas bajo el control del Juzgado Octavo, el MP allanó un hangar en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en donde fueron encontrados dos helicópteros y la avioneta denominada La Balita.

Los helicópteros tenían matrículas TG-ORA y TG-DAB. Gálvez se refirió a que el primero pertenecía a Pérez Molina, Baldetti y al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y que las siglas correspondían a los nombres de cada uno: Otto, Roxana y Alejandro.

La segunda aeronave fue adquirida por medio de la exdiputada Daniela Beltranena, quien anteriormente fungió como asistente de Baldetti en la Vicepresidencia, y que las siglas correspondían al nombre de ella.

La Balita era propiedad de la ex vicegobernante, quien la compró al empresario Gustavo Alejos, también procesado por el caso.

Inmuebles

La empresa Construcciones y Caminos, Sociedad Anónima, que figura entre las 29 entidades comerciales investigadas por lavado de dinero, fue la que compró la finca Los Cocos, en Zaragoza, Chimaltenango, donde Pérez Molina construyó una casa de descanso para su familia, explicó el juez.

Tanto ese inmueble  como la casa en el condominio Los Eucaliptos, en la ruta a El Salvador, propiedad de Baldetti, fueron adquiridas en tres pagos, aseguró Gálvez.

“Los pagos se hicieron con el financiamiento ilícito, con los recursos de TCQ y finalmente por los contratistas”, refirió.