Justicia

MP y Cicig piden antejuicio contra diputado Muadi

La mayor parte del sueldo de 15 guardias de seguridad privada, contratados por el Congreso, fueron desviados a una empresa cuyo gerente general es el diputado Pedro Muadi, evidenció el MP y la Cicig.

Por La Redacción

Las oficinas allanadas del Congreso se ubican en la 8 avenida y 12 calle de la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: E. Bercian)
Las oficinas allanadas del Congreso se ubican en la 8 avenida y 12 calle de la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: E. Bercian)

La fiscal general, Thelma Aldana, informó en conferencia de prensa que los 15 agentes de seguridad que habían sido contratados por el Congreso nunca llegaron a ese organismo, sino siempre continuaron al servicio de Muadi.

Agregó que Claudia María Bolaños Morales, secretaria de Muadi y detenida esta mañana, pagaba Q2 mil a cada agente en efectivo, y por aparte endosaba cheques para trasladar montos más altos a la empresa PSE, S.A., cuyo gerente general “siempre ha sido” el diputado.

Además, Bolaños Morales también aparece como representante legal de esa compañía.

Iván Velásquez, jefe de la Cicig, precisó que, durante seis meses, de junio a diciembre del 2013, pese a que el contrato decía que su sueldo era de Q8 mil mensuales, los 15 guardias de seguridad nunca tuvieron acceso a su propio pago, sino solo a los Q2 mil que la secretaria les daba en efectivo.

Después, Bolaños hacía cheques por Q8 mil o Q7 mil que eran depositados en la cuenta bancaria de la sociedad anónima de Muadi.

“En ese periodo aproximadamente Q630 mil fue lo que se apropió en lo que hemos concluido en la investigación ahora, este grupo que fue consignado, a las cuentas de la empresa PSE, S.A.", expresó Velásquez.

De esa cuenta, José Estuardo Blanco Aguilar, también detenido, porque era quien instruía a los 15 guardias a que abrieran sus cuentas bancarias.





Allanamiento en el Congreso

Esta mañana hubo allanamientos de agentes del MP en las oficinas de Recursos Humanos del Congreso para obtener documentación de cómo se contrató a 15 guardias de seguridad.

Muadi fue presidente del Congreso durante 2013 y fue elegido por el Partido Patriota (PP), representante en el partido del sector privado organizado. Actualmente integra la bancada del patido Compromiso Renovación y Orden (Creo) y busca su reelección con la alianza de partidos Creo-Unionista.



La solicitud de antejuicio contra el diputado Muadi se presentó en gestión penal del Organismo Judicial.(Foto Prensa Libre: P. Raquec)
La solicitud de antejuicio contra el diputado Muadi se presentó en gestión penal del Organismo Judicial.(Foto Prensa Libre: P. Raquec)


Gestión cuestionada

El exceso de pago en sueldos y viáticos, así como la supuesta creación de plazas fantasmas, son algunos de los señalamientos que crecieron durante la gestión de Muadi al frente del Congreso durante 2013.

Sólo en los últimos cuatro meses de ese año, el informe de gastos del Congreso dio cuenta del incremento en el pago de sueldos para Muadi, en vista de que en el primer cuatrimestre se erogaron Q115.8 millones, mientras que subió a Q175.4 millones de septiembre a diciembre de 2013.

Además, se determinó que Muadi gastó 14.4 por ciento más comparado con el 2012.

A mediados del año pasado, Acción Ciudadana denunció la existencia de plazas fantasma en el Legislativo, porque había quejas de personas contratadas que nunca llegan al Parlamento o que es inexistente, pero no se determinó el origen de dichas contrataciones.

Asimismo, a seis días de que terminara su mandato como presidente del Parlamento, se compraron 250 cámaras de seguridad por Q6.8 millones.



Los investigadores de la Cicig y la FECI secuestraron docuementos de la oficina de Recursos Humanos del Congreso. (Foto Prensa Libre: E. Bercian)
Los investigadores de la Cicig y la FECI secuestraron docuementos de la oficina de Recursos Humanos del Congreso. (Foto Prensa Libre: E. Bercian)


Muadi justificó la compra porque cada semana había denuncias de allanamientos y robos en las oficinas de diputados en los 16 edificios que renta ese organismo.

Previo a la adquisición, se contrataron a expertos en cámaras de seguridad para que realizaran un estudio y asesoraran las bases de licitación, servicio que costó Q40 mil más.

El entonces presidente del Congreso reconoció que otras tres empresas ofrecieron las cámaras a menor precio, pero fueron rechazadas porque no estaban completas sus ofertas. También rechazó los señalamientos de afinidad con la junta licitadora.

Con información de G. Sánchez / J. Gramajo / H. Alvarado / B. Vásquez