Guatemala

MP solicita arraigo contra presidente Otto Pérez Molina

El Ministerio Público solicitó al juzgado de Mayor Riesgo una medida de arraigo contra el presidente Otto Pérez Molina, como prevención por peligro de fuga.

El Presidente perdió este martes 1 de septiembre su derecho de antejuicio en una decisión histórica del Congreso, por los señalamientos de corrupción en su contra. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Presidente perdió este martes 1 de septiembre su derecho de antejuicio en una decisión histórica del Congreso, por los señalamientos de corrupción en su contra. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Dos horas después que el Congreso decidió retirar la inmunidad al mandatario, el Ministerio Público (MP), solicitó a un juzgado de turno la medida de arraigo en contra de Pérez Molina como una medida de prevención, informó en conferencia de prensa la Fiscal General Thelma Aldana.

El juez Miguel Ángel Gálvez, admitió la solicitud del MP y ordenó el arraigo contra el mandatario que desde este martes perdió su derecho a antejuicio y enfrentará la justicia como un ciudadano común.

La Fiscal General explicó que con el antejuicio retirado a Pérez Molina, se llegó al topo de la estructura La Línea, que según investigaciones previas, estaba conformada por una estructura de unos 39 integrantes, entre funcionarios y comerciantes que defraudaron al fisco a través de las aduanas del país.

Con la medida dictada por el juez de Mayor Riesgo, el presidente Otto Pérez Molina no podrá salir del país y estar a disposición de los Tribunales, en caso sea requerido.

Baldetti fue igual

La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala solicitó el 9 de mayo, justo después que el Congreso conoció y admitió la renuncia de Roxana Baldetti a la Vicepresidencia el arraigo como una medida de prevención para evitar la salida del país de la ex funcionaria.

En ese momento el MP explicó que el arraigo se solicitaba como una medida de prevención ante el peligro de fuga, en caso se demostrara alguna responsabilidad de Baldetti y garantizar con la inmovilización de ella, el resarcimiento del Estado.

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