Justicia

Organizaciones solicitan antejuicio contra jueces

Los jueces Carlos Guillermo Sosa y Luis Salvador López, son cuestionados por dejar en libertad a un concejal que sostuvo relaciones sexuales con una niña en Chiquimula.

Por Jerson Ramos

Max Eduardo Cordón Orellana fue absuelto por supuestamente sostener relaciones sexuales con una menor de edad en Chiquimula. Fue capturado al verlo salir de un autohotel con la víctima. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Max Eduardo Cordón Orellana fue absuelto por supuestamente sostener relaciones sexuales con una menor de edad en Chiquimula. Fue capturado al verlo salir de un autohotel con la víctima. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Refugio de la Niñez y la Fundación Sobrevivientes presentaron este miércoles la solicitud de antejuicio en contra de los jueces Carlos Guillermo Sosa Bueza y Luis Salvador López Mejía, integrantes del Tribunal de Sentencia de Chiquimula, por considerar que incurrieron en delitos al absolver a Max Eduardo Cordón Orellana, de 73 años, integrante del consejo municipal de la cabecera.

Las dos organizaciones indican que ambos juzgadores posiblemente habrían cometido algún ilícito al explicar en las sentencia que Cordón Orellana era inocente de delitos de trata de personas con agrabación de la pena, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad y actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad.

Se pide que la Corte Suprema de Justicia elimine el derecho de inmunidad a Sosa Buezo y López Mejía para que el Ministerio Público los investigue por resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.

Antecedente

El 29 de abril pasado, la judicatura absolvió a Cordón Orellana por falta de prueba que lo vincularan al supuesto pago que entregó a Éricka Mariela Osorio Velez, madre de la víctima, quien también fue juzgada y absuelta, para sostener relaciones sexuales con su hija.

El consejal fue visto salir de un autohotel con la menor el 15 de mayo del año pasado, mismo día en que fue capturado por la Policía.

Según las entidades, la sentencia no está apegada a derecho, debido a que no se valoró el interés de la víctima y porque el acusado era una persona relacionada a la autoridad local, por lo cual también pudo aprovechar sus influencias para obtener un fallo a favor.

En un comunicado, se indica que la resolución “contraviene el principio del interés superior del niño, enviando un mensaje de impunidad que deja expuesta nuestra niñez”, señala la Fundación Sobrevivientes.

Además, se asegura que “no se hizo justicia”, y que “no puede quedar sin castigo el maltrato, la explotación, la violación y asesinato de nuestra niñez”.