Al llegar a los hogares y previo a  dar su espectáculo, el payaso observa los bienes de las familias y analiza su condición económica, al finalizar el espectáculo pide algunos datos personales a las familias, supuestamente para agregarlo a una lista de clientes, y se retira.

Deja pasar varios días y luego comienzan las llamadas de intimidación para pedir el dinero, se presume que deja pasar tiempo para no generar sospechas en quienes fueron sus clientes.

El criminal logra que las víctimas accedan a sus peticiones debido a las amenazas, luego envía a sus colaboradores a las viviendas para que les entreguen la extorsión.

“Esta información surge en las capturas de 13 personas vinculadas al delito de extorsión. Aun no se investiga, fue uno de los aprehendidos  quien dijo que trabajaba para varias personas, una de ellas era un hombre que  presta el servicio como payaso”, informó una fuente del MP, luego de los allanamientos del pasado jueves que permitieron la captura de 12 personas, dedicadas al cobro de extorsiones.

El fiscal agregó que uno de los 12 capturados era contratado por el encargado de hacer reír a los niños para recoger el dinero. “Las cuotas que recogía son de Q100, Q200, Q300, eso dependía de lo que exigía”, aseveró.

La persona ahora capturada y enfrentando cargos por extorsión se ofreció como colaborador en la investigación que lleva el MP, entre ellas identificar al payaso.

El Ministerio Público alerta a la población  e insta  a denunciar intimidaciones o amenazas producto de las extorsiones al 1574.

Delito

Durante los últimos siete años el MP ha recibido 50 mil 488 quejas por extorsión, según datos de esa entidad y el informe Entendiendo el Fenómeno de las Extorsiones en Guatemala, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

El Organismo Judicial (OJ) reportó seis mil 105 casos en los juzgados de Primera Instancia Penal,   y de esa cantidad se dictaron dos mil 604 sentencias —condenatorias y absolutorias—; es decir que 57 por ciento hechos aún están en proceso de ser resueltos.

Al comparar las denuncias recibidas entre el 2009 y el 2015, en el MP y el OJ, existe una diferencia del 87.9 por ciento, es decir que la mayoría no llega a los juzgados.

La Fiscalía contra las Extorsiones explicó que la cantidad difiere porque los expedientes que ingresan no se trabajan por unidad, sino por estructura criminal y otros aspectos.

Aunque las cifras corresponden a los últimos siete años el fenómeno surgió en la década de 1990, con la metamorfosis de secuestros y amenazas del crimen organizado. 

“Con la era de la telefonía, que se dio en los primeros años del 2000,   evolucionaron las comunicaciones en el mundo y el país no se quedó atrás. Esto facilitó a la población adquirir un móvil. Esto incluye a los pandilleros, quienes los usaban para  exigir la extorsión”, explicó Stu Velasco, subdirector general de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.

La División del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Guatemala señaló que aunque el delito aparece en el Código Penal en 1973, no fue sino hasta después de la firma de los acuerdos de paz que proliferó el ilícito.

Agregó que en 1999 el auge de la extorsión se dio con notas escritas y firmadas por células del Barrio 18,  la Mara Salvatrucha y oportunistas —se hacen pasar por pandilleros y son quienes más extorsionan—, y se multiplicó en el 2002 con la intimidación a negocios, pilotos y residencias, a través de llamadas telefónicas.

Ante el terror y la angustia generados por ese delito, la población presionó a las autoridades y en el 2006 fue emitida la Ley contra la Delincuencia Organizada.

La norma incluye la asociación ilícita y exacciones intimidatorias —exigir la entrega de dinero u otro beneficio en la vía pública o en medios de transporte será sancionado con prisión—. “Con ello se da vida al término que se adecúa más al flagelo”, aseveró  la división policial.

Cambios

Por las medidas penales y acciones policiales, las células criminales implementaron “nuevos” mecanismos para intimidar a sus víctimas. En el 2010 surgieron los ataques sistemáticos al transporte público hasta llegar al bombazo contra una unidad, en el 2011.

“A mi parecer, no es que evolucionen las operaciones; su objetivo es siempre causar terror en la población; usan lo mismo”, refirió un fiscal contra las Extorsiones, quien agregó que para frenar el delito se debe controlar el uso de móviles en los penales.