“Dada la gravedad de la situación solicité medidas cautelares a la CIDH para que, de urgencia, se evite más daños y se proteja a niñas, niños y adolescentes en ese hogar”, explicó el procurador.

De León indicó que desde el 2013 que emitieron resoluciones por lo malo de las condiciones en las instalaciones de Virgen de la Asunción, no se han visto cambios.

A la CIDH se pide que ordene al Estado brindar seguridad perimetral por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), específicamente la subestación 13..5.2 de la Comisaría 13, a favor de las niñas, niños y adolescentes internos en el Hogar Virgen de la Asunción.

También que las autoridades de ese centro y la Procuraduría General de la Nación velen por el interés superior de los menores, mediante una clasificación y separación inmediata de los albergados.

La PDH solicita que el ministerio de Finanzas se asegure que el hogar cuente con los fondos indispensables para su adecuado funcionamiento cuanto antes.

Otra medida pedida a la CIDH es que la Secretaría de Bienestar Social (SBS), de urgencia, resuelva el hacinamiento de los menores internados y asegure la óptima ejecución del presupuesto asignado al hogar.

“Que los jueces y juezas de niñez y adolescencia velen por el interés superior del niño y cumplan con la Política Institucional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, analizando cada caso en particular y estableciendo las medidas de protección idóneas para cada uno”, indica la carta enviada  a la CIDH.

La Comisión Interamericana no tiene un plazo fijo para resolver, debido a que procede un estudio profundo que implica solicitar información al Estado y, seguramente, visitas de campo para comprobar las denuncias.

“Los plazos varían. Por ejemplo, cuando solicitamos medidas para la fiscal general, tardaron de 20 a 22 días en otorgarlas, y cuando pedimos lo mismo para el juez Miguel Ángel Gálvez, pasaron tres meses”, precisó el magistrado de conciencia.

La PDH, además, enumera las denuncias que ha recibido del Hogar Virgen de la Asunción, totalizando 45 desde 2012.

La carta dirigida a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH va acompañada de una amplia descripción del problema y detalle de los hallazgos en dicho hogar, como el “colapso e insuficiencia” que tienen las instalaciones, porque su capacidad es para 400 menores de edad, pero hay 800 albergados.

Asimismo, menciona que hay 15 adolescentes varones internados que están en conflicto con la ley penal.

“Existen indicios de maltrato hacia las niñas, niños y adolescentes por parte de las y los monitores”, denuncia la PDH en la solicitud, entre otras situaciones.

El 5 de noviembre último, la SBS destituyó al director de Protección Especial Residencial del cuestionado hogar, después de encontrarse a tres de las adolescentes evadidas del lugar.

Solo entre el 15 de mayo y el 30 de octubre, sumaban 47 menores evadidas del hogar.