Aunque el exmandatario y sus abogados aseguraron al Tribunal que el dinero contenido en las cuentas son el resultado de sus sueldos devengados durante sus casi cuatro años en la Presidencia de la República.

Por su parte la Fiscalía de Delitos de Lavado de Dinero y Extinción de Dominio acreditó mediante documentos, informes y archivos la anomalía de los movimientos bancarios del exmandatario.

“Su perfil económico no es el propio para el volumen de sus operaciones bancarias”, explicó la fiscalía quien en reiteradas oportunidades detalló que existe una sospecha leve sobre la ilegalidad de sus transacciones y por lo tanto es necesario investigarlas.

Según informó la fiscalía en un informe de la IVE, se reportó que el 6 de agosto de 2009, Fonapaz designó un proyecto de mejoramiento de tramo carretero por Q7 millones a la empresa Agricultura y Mecanización de Tierras, S.A. (Agromec) propiedad del diputado Estuardo Galdámez, del Partido Patriota.

Ese mismo día, Agromec hizo un depósito por Q2.1 millones a la Constructora Jumar, S.A., propiedad de Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS, preso por el fraude en medicamentos para enfermos renales, y seis días después la constructora emitió un cheque a nombre de Pérez Molina por Q500 mil, dos días después, es decir el 14 de agosto del mismo año, el expresidente canceló un préstamo por Q431 mil en un banco del sistema.

Además los informes de la IVE reflejaron que cuando Pérez Molina fue diputado, en una de sus cuentas bancarias se hizo un deposito proveniente de la casa de inversiones Mercados de Futuro (MDF), la cual desde principios del 2007 manejó inversiones con fondos del Organismo Legislativo.

La fiscalía agregó que el dinero recibido fue distribuido hacia diferentes cuentas entre ellas una perteneciente a Rosa Leal de Pérez, esposa del expresidente.

La Sala dio sin lugar la petición de Pérez Molina, quien declaró que necesitaba el dinero para cumplir con responsabilidades, como el pago de su residencia en la zona 15 y préstamos bancarios.
 
Marco Antonio Villeda, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, ordenó el embargo de cinco cuentas por Q 5 millones 228 mil 360 y una en dólares por US$22 mil 723 registrados en cuentas personales en cuatro diferentes bancos del sistema.