Dicho convenio fue suscrito el 5 de diciembre de 2014 entre la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación y la empresa Security Assistance  Group Guatemala.

El mismo se firmó por excepción con un monto de US$109 millones –unos Q878 millones- durante la administración de Mauricio López Bonilla como Ministro de Gobernación.

La procuradora María Eugenia Villagrán, mencionó que después de hacer el análisis jurídico, se estableció que el contrato no estaba contemplado en el plan operativo anual de la Dirección General de Migración y que no existen estudios técnicos ni financieros que permitan su evaluación.

“Tampoco se menciona cuáles van a ser los procedimientos para la recaudación de los US$15 dólares –unos Q115- que los pasajeros tendrán que sufragar cuando ingresen o salgan del país y cómo se van a controlar esos ingresos”, explicó Villagrán.

Agregó que el convenio no establece qué pasará con los datos de los ciudadanos, pues se menciona que les tomarán fotografías, huellas digitales y del iris. “Esas bases de datos se podrían vender”,  alertó.

Demanda

La PGN entregará la solicitud de nulidad este jueves. El mandatario Alejandro Maldonado tendrá un plazo de 15 días para girar instrucciones a la Procuradora y determinar si procede presentar una demanda de nulidad.

“Me preocupa que los contratos se lleven a cabo con la modalidad de excepción y no por licitación pública, pues no se respeta la Ley de Contrataciones del Estado. Es imperativo que se reforme dicha ley”, enfatizó.

Villagrán añadió que no existía una fuente real de financiamiento, pues cuando se suscribió el contrato no se contaba con los recursos financieros para su cumplimiento. Es decir, no existía certeza de los ingresos.

“Este contrato afecta los intereses del Estado y la libre locomoción de los habitantes de la república, quienes tendrán que pagar por ingresar o salir del país. Al hacerse la adjudicación por excepción no se respetaron normas y procedimientos que establece la Ley de Contrataciones”, aseveró.

Herencia de López

Luego de renunciar, el pasado 21 de mayo, López Bonilla dejó una herencia de ocho contratos cuestionados, entre ellos el que suscribió la Dirección General de Migración con la empresa Security Assistance  Group Guatemala.

Al exministro le persigue una sombra de contratos que levantan suspicacias y que fueron denunciados como poco transparentes.

En 2013, López Bonilla adquirió un sistema de arrendamiento por excepción, de un sistema de vídeo vigilancia para la zona 18 y áreas adyacentes, el costo fue de Q262 .5 millones.

El 22 de agosto de 2013, por medio de un acuerdo gubernativo, Gobernación autorizó la adquisición de 33 mil armas para la Policía Nacional Civil (PNC). La adquisición sería por Q87 millones, con empresas de Italia y Austria.

El 21 de marzo del año pasado, se publicó en el diario oficial el acuerdo gubernativo 113-2014, en el cual se declaró de interés nacional la adquisición de equipo policial hasta por Q291 millones 776 mil.