Justicia

Pide justicia por plagio y tortura

La vida de Oswaldo Ical Jom, de 23 años, cambió radicalmente el 29 de agosto del 2014, cuando durante una cobertura periodística fue secuestrado y torturado por un grupo de pobladores de Santa María Cotoxac, Uspantán, Quiché. El caso es uno de los 74 registrados en 2014, en la Fiscalía de Delitos contra los Periodistas, del Ministerio Público (MP).

Por Andrea Orozco

Oswaldo Ical Jom, periodista de Quiché —Izq.—, investigaba la desaparición de una niña cuando fue agredido por miembros de una junta comunitaria de seguridad en Uspantán.
Oswaldo Ical Jom, periodista de Quiché —Izq.—, investigaba la desaparición de una niña cuando fue agredido por miembros de una junta comunitaria de seguridad en Uspantán.

El comunicador espera que se logre una sentencia contra sus agresores, los hermanos Diego y Antonio Itzep López, a quienes denunció, pese a las amenazas en su contra. El segundo de los acusados es presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Codode) de Cotoxac, razón por la cual el proceso se habría vuelto lento y lleno de tropiezos, según el abogado de Ical Jom.

El informe del 2014, de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, registra la agresión que sufrió Ical Jom el año pasado.

Los hechos

El reportero de los medios El Vocero de Utatlán y de Corporación Radial del Norte, investigaba el secuestro de una niña, para lo cual llegó a la vivienda de los padres de la víctima en Santa María Cotoxac para entrevistarlos. De repente observó que cinco hombres, con lazos en las manos, bajaron de un vehículo y sin decir nada lo ataron de manos, le quitaron su teléfono y lo amarraron del cuello.

“Me arrastraron hasta la escuela, donde me patearon y me golpearon con los puños cerrados. Me encerraron a eso de las 10.30 y me dejaron salir hasta las 16 horas, cuando la policía negoció mi liberación”, es parte del relato de la víctima.

Ical Jom asegura que mostró su identificación como periodista, pero sus agresores lo señalaron de ser parte de una banda de secuestradores y alentaban a los vecinos a llevar gasolina para quemarlo.

Cambio de delitos

Héctor Reyes, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, que apoya a Ical Jom, asegura que se han presentado dificultades en el juicio contra los hermanos Itzep López, líderes comunitarios y quienes integran la junta de seguridad de la aldea.

Reyes afirma que el juez de Primera Instancia de Santa María Nebaj, Amarildo Barrios de León, cambió los delitos de plagio o secuestro y tortura, que pedía la parte acusadora, a detención ilegal y amenazas. Ese fue el argumento para poner en libertad a los Itzep López, situación que no habría ocurrido con los otros delitos.

El abogado señala que el juez tampoco aceptó todas las pruebas de la víctima, algunas fundamentales, pero no rechazó las de la defensa de los Itzep López, algunas no relevantes.

Reyna Nájera, fiscal del MP, señala que el cambio de delitos ocurrió porque el juez escuchó testimonios que llevó la defensa, sobre que Ical Jom entró en la vivienda de la familia afectada, sin permiso; y que llegó en una motocicleta sin placas, lo cual pudo causar temor en los pobladores.

La fiscal señala que los jueces en la provincia están “más orientados” a las organizaciones locales, como el Cocode, pero confía que las pruebas que se presentarán en el juicio tienen base suficiente para demostrar los hechos.

Un amparo provisional fue otorgado por la Sala Regional Mixta de Quiché para que el juez acepte todas las pruebas ofrecidas por el denunciante. El inicio del juicio contra los Itzep López se fijó para julio del 2016.

Caso grave

Ileana Alamilla, coordinadora del Observatorio de los Periodistas del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, asegura que el caso de Ical Jom es grave y demuestra que la Prensa es víctima de amenazas y agresiones de las autoridades, como gobernadores y Policía Nacional Civil, sino que también de comunitarios.

“Algunos casos no se dan a conocer porque los periodistas no quieren, pero ocurre cuando se investigan hechos que las comunidades no quieren que se sepa. Hay sucesos en donde los equipos periodísticos son dañados y otros donde se lleva al periodista a un lugar para agredirlo”, señala.

El observatorio ha registrado un “incremento alarmante” de casos contra informadores, la mayoría por amenazas, intimidaciones, obstrucción de las fuentes y censura. Todos los casos de agresión son reportados a entidades internacionales.