Justicia

Pocos avances para esclarecer crímenes

Un mes ha transcurrido desde la muerte de los periodistas Danilo López y Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo, respectivamente, en Suchitepéquez, y aún se desconoce quiénes son los autores intelectuales de los crímenes y las causas.

Por Jerson Ramos

Danilo López era corresponsal de Prensa Libre en Suchitepéquez.
Danilo López era corresponsal de Prensa Libre en Suchitepéquez.

Luego de la muerte de López y de Salazar, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ofreció a este matutino que se efectuarían todas las acciones necesarias para esclarecer el hecho y capturar a los responsables materiales e intelectuales.

Los resultados, hasta el momento, han dejado la captura de Sergio Waldemar Cardona y Artemio de Jesús Ramírez Torres, presuntos autores materiales.

El Ministerio Público (MP) estableció que López era el objetivo de los sicarios, quienes también mataron a Salazar y dejaron lesionado a Marvin Túnchez.

Varios trabajos periodísticos de López habían destacado hechos de corrupción en municipalidades de esa región.

Al momento, la Fiscalía señala que Cardona y Ramírez Torres integran una banda de extorsionistas y sicarios que opera en Suchitepéquez y Retalhuleu.

Debilidad

Los ofrecimientos de López Bonilla de esclarecer el caso se han limitado a la aprehensión de los presuntos sicarios, refirió Elsie Sierra, presidenta de la Cámara Guatemalteca de Periodismo.

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Sierra cree que la pieza clave del caso es el o los autores intelectuales. “Más que capturar a los actores del hecho, es importante determinar quiénes ordenaron el crimen”, dijo.

Manifestó que el riesgo se incrementa para los periodistas que laboran en esa región, porque podrían ser víctimas de atentados y agresiones al amenazar los intereses de quien o quienes ordenaron la muerte de López.

Sierra exigió que el proceso por la muerte de ambos periodistas no debe formar parte del 97 por ciento de casos judiciales que permanecen en la impunidad por la poca acción de las autoridades.

La directora del Centro Civitas, Evelyn Blanck, dijo que el caso debe ser motivo de reflexión para periodistas y la ciudadanía en general sobre la obligación del Estado de proteger a quienes se dedican al periodismo.

“Debe preocuparnos esta problemática, porque la seguridad de los periodistas es mínima en territorios tomados por el crimen organizado”, explicó.

Blanck alertó del grave riesgo que corren quienes ejercen el periodismo en la provincia, porque las bandas criminales en esos lugares cada vez más se diversifican y especializan.

El jefe del Interior rechazó los señalamientos de Sierra y de Blanck, y dijo que los resultados de una investigación pueden obtenerse en el corto, mediano y largo plazos.

“Quien diga eso, no tiene ni la más peregrina idea de cómo se hace una investigación criminal”, explicó.

Alentador

Actualmente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) analiza el expediente y mantiene comunicación con la fiscal general, Thelma Aldana, para determinar si es parte de su mandato colaborar con la investigación.

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Diego Álvarez, vocero de la Cicig, confirmó tal extremo. Entretanto, la vocera del MP, Julia Barrera, dijo tener conocimiento de que el expediente se encuentra en la Unidad de Delitos contra Periodistas.

El periodista Gustavo Berganza calificó ese hecho de signo alentador. Otros aspectos importantes son la voluntad del MP para resolver el caso y la orden de la Corte Suprema de Justicia de trasladar el expediente a la capital.

López Bonilla manifestó su interés en la participación de la Cicig en la pesquisa por la muerte de López y de Salazar, pero destacó que no se debe cargar la capacidad de la entidad, porque perjudicaría el desempeño del personal que colabora con la institución.