Justicia

Polémica de reformas constitucionales se centra en tres aspectos

La discusión del derecho indígena tiene posturas tan encontradas que han impedido al Congreso avanzar en artículos básicos en la reforma del sistema judicial, según expertos.

Por Claudia Palma

Sectores harán bloqueos en la ruta Interamericana para exigir el reconocimiento de la justicia indígena.
Sectores harán bloqueos en la ruta Interamericana para exigir el reconocimiento de la justicia indígena.

“Con una campaña basada en el temor se está distrayendo de otros artículos que merecen ser reformados. Los poderes tradicionales logran que el sistema de justicia siga operando como a la fecha, con clientelismo, con cortes sujetas a manipulaciones”, afirmó Jordán Rodas, vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios (Cang), al referirse a la publicidad difundida por el sector privado contra la reforma..

Aunque no están del todo satisfechos, los empresarios consideran que podría avanzarse en temas como el Consejo Nacional de Justicia y lo referente a las postuladoras si se deja de lado el derecho indígena.

La discusión se aleja del punto medular de la reforma, que es la elección de jueces y magistrados y la administración del sistema de justicia, expuso Mario Taracena Coyado, expresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados.

“El tema de la jurisdicción indígena ya iba incluido en la iniciativa. Entonces los diputados tenían que discutirlo, y allí se estancó”, agregó.

Javier Monterroso, asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y exasesor del Ministerio Público, calificó como un “error estratégico” de los impulsores de las reformas incluir el artículo 203. “Ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema —de Justicia— que reconocen a las autoridades ancestrales”, afirmó.

Derecho Indígena

La propuesta de reforma a la Carta Magna que se discute busca que se permita que las autoridades indígenas impartan justicia de conformidad con la Constitución, las leyes ordinarias y los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Las autoridades ancestrales del país, de aprobarse la propuesta inicial, podrán ejercer funciones jurisdiccionales según sus propias instituciones, normas y procedimientos.

MP

El fiscal general de la República y los magistrados ya no serán electos por abogados independientes, la Universidad de San Carlos de Guatemala, decanos de universidades privadas y otros representantes.

El Consejo Nacional de Justicia relevará al Organismo Legislativo en la competencia descrita y también en la designación de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros de la misma categoría.

OJ y CC

Se crea el Consejo Nacional de Justicia, que se divide en dos direcciones: la de la carrera judicial —integrada por siete miembros— y la dirección administrativa, que tiene como función administrar el Organismo Judicial.

El pleno de ese consejo aprobará la lista de postulados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y postulados a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y hará evaluaciones de desempeño a magistrados.

Apoyan reforma

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José González Campo, calificó de “conjeturas” las opiniones de quienes ven al sector privado como autor de una campaña que podría frenar no solo el artículo 203, sino otros cambios propuestos. “Tenemos clarísimo que es necesaria una reforma”, aseguró.

“Hemos manifestado nuestra preocupación además en otros temas... Principios generales de justicia, funcionamiento del Consejo Nacional de Justicia y la elección de fiscal general. Creemos que son cosas que se pueden mejorar. Allí podemos tener más consensos”, señaló.

El problema radica en que “nadie tiene claras las enmiendas”, agregó.

El director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, explicó: “Lo único que hicimos es poner de manifiesto que el 203 debía ser estudiado con mayor detenimiento. A ese artículo particularmente hay que darle una vuelta más”.

Zepeda está en desacuerdo con detener la discusión, pero coincidió con Campo en que lo referente al Consejo Nacional de Justicia “debe verse un poco más despacio”, para evitar un “supra poder”.

Monterroso recordó que algunas cámaras plantearon que las reformas podían ser por la vía ordinaria y no constitucional.

“Migajas legalistas”

El Consejo de Pueblos Mayas, en un comunicado, manifestó: “No queremos parches constitucionales. La actual discusión sobre reformas constitucionales es una gran farsa y una gran trampa. No es cierto que la justicia radique en las autoridades... radica en la relación entre las personas y consiste en buscar un equilibrio entre todos y y en la cabeza de la autoridad. Para mejorar la justicia hay que mejorar la vida.”, se lee.

Para hoy se esperan siete bloqueos en rutas del occidente y la llegada a la capital de miembros de los 48 cantones de Totonicapán para exigir el reconocimiento de las autoridades ancestrales.