Justicia

Proceder de jueces genera sospechas

Angustia, desesperación y ruego fueron algunas de las palabras que utilizó Thelma Aldana, Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), al referirse al bloqueo que encontró en algunos jueces para que les autorizaran allanamientos y órdenes de captura por los crímenes contra periodistas en Suchitepéquez, ocurridos el 9 y 13 de marzo recién pasados.

Por Hugo Alvarado

La Fiscal General explicó que ve inaudito que la jueza contralora de los crímenes contra los periodistas Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, no autorizara allanamientos.

Ambos corresponsales fueron ultimados frente a la Gobernación Departamental, el 9 de marzo último. Armando Villatoro, camarógrafo de un canal de cable en Chicacao, fue asesinado el 13.

72 horas cruciales

  • Resguardar la escena ya que el más pequeño indicio ayuda en la solución del caso.
  • Evitar borrar evidencias para no contaminar o desvirtuar la investigación.
  • Formular la hipótesis desde el momento en que se cuida y se trabaja en forma correcta la escena del crimen.
  • Cuidar a testigos de lograr que se autoricen allanamientos en inmuebles.

“Nosotros necesitamos que cuando el Ministerio Público solicite diligencias importantes se nos atienda rápido. En este caso, la jueza contralora no entendía por qué tenía que dar allanamientos en Retalhuleu. Eso es inconcebible”, expresó la Fiscal General.

de un lado a otro

El MP solicitó autorización a jueces, en Suchitepéquez, Retalhuleu y Escuintla, en la Torre de Tribunales, y no se obtenía respuesta, se quejó Aldana.

“Después de rogar para que dieran las órdenes judiciales, se obtuvieron. Necesitamos más comprensión de los jueces. Nos costó mucho, al grado de que, en la desesperación, al no conseguir la autorización judicial, tuve que hablar con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para saber qué pasaba”, expuso.

La funcionaria manifestó que en el juzgado de turno ubicado en la sede central del MP, en Gerona, logró conseguir las órdenes de allanamientos y capturas en Chicacao.

La fiscal distrital de Suchitepéquez fue trasladada en helicóptero a la capital, para que hiciera las gestiones y luego regresó para ejecutar las diligencias.

Hubo apoyo por parte del Ministerio de Gobernación para proporcionar el transporte aéreo, refirió Aldana.

otros casos

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, afirmó que se han registrado otros casos en que los jueces se demoran para otorgar resoluciones.

En una ocasión, en un caso en Jalapa, se solicitó una orden de aprehensión, pero el juez dijo que estaba en el supermercado y que al terminar sus compras la analizaría.

En otro caso relacionado con un homicidio se pidió una orden de allanamiento, pero no la otorgaron. Al ingresar en el inmueble, al otro día, había una persona muerta y en el lugar estaba el presunto victimario.

López Bonilla comentó que las primeras 72 horas son cruciales para una investigación.

Después de ese tiempo puede pasar mucho, como la desaparición de evidencias, alteración de la escena del crimen o la pérdida de la custodia de la prueba.

Asimismo, durante ese tiempo hay luces para armar un caso y se empieza la hipótesis.

La demora en otorgar las órdenes afecta las pesquisas. “Pedimos celeridad en el otorgamiento de resoluciones judiciales”, dijo.

Prensa Libre buscó la versión de Josué Felipe Baquiax, presidente de la CSJ, en un acto al que asistió ayer por la mañana, pero no quiso atender.

Coralia Contreras, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, manifestó que le pareció extraño que no se atendieran los requerimientos del MP.

Explicó que quizá las peticiones fueron mal presentadas o fuera del horario establecido, y por ello no se atendieron, aunque de todas maneras pudo hacerlo un juez de Paz.

“Vamos a solicitar información a la jueza pesquisidora, para determinar qué pasó en este caso, y si hubo negligencia”, afirmó Contreras.