En el libro también se consignó que el expediente fue remitido al Juzgado Undécimo de Instancia Penal, que será el responsable de asignar fecha para la audiencia de acusación —cuando el juez decide si debe o no enfrentar juicio—.
Según la agente de Policía Nacional Civil (PNC), quien trasladó a la ahora procesada a la Torre de Tribunales, esta confesó que iba a cometer un asesinato, por el cual recibiría pago.
Agregó que Morales Medina, con cinco meses de embarazo, fue detenida el martes último cuando portaba una pistola 9 milímetros oculta entre sus pertenencias, con la cual, supuestamente, pretendía atacar al recluso Osmán René Coronado, quien recibía terapia en una clínica del nosocomio.
Ese día, luego de que la mujer fuera sorprendida, afuera del hospital se implementó un protocolo de seguridad que permitió a las autoridades frustrar el supuesto ataque.
En uno de los baños se encontró un fusil desarmado que, se presume, fue ingresado por partes y alguien estaba instruido para armarlo y accionarlo adentro del hospital.
Riesgo en hospital
La supervisora de Hospitales de la PDH, Zulma Calderón, dijo a Prensa Libre que los hechos de violencia, como el que se evitó este martes, son actos repetitivos y trágicos, pero lo más preocupante es que las autoridades siguen sin tomar acciones.
Calderón recordó lo ocurrido el 26 de agosto pasado frente a las clínicas de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc), cuando hombres atacaron a un supuesto líder de la pandilla Barrio 18, lo que dejó el saldo de cuatro personas muertas.
La supervisora de Hospitales recalcó que el SP es el responsable de los privados de libertad y que los reos deben recibir atención médica dentro de los reclusorios, pues el recurso humano en ese lugar está capacitado para su cuidado. “Sacarlos es ponerlos en peligro a ellos y a los pacientes”, afirma.
