Justicia

Q419 millones suman cinco fraudes al IGSS

Cinco de los seis casos de corrupción relacionados con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), hechos públicos hasta ahora, habrían dañado las finanzas de la institución por Q419 millones, en tanto 21 exdirectivos y exfuncionarios del Seguro Social están capturados, incluyendo a los 5 detenidos ayer.

Por Claudia Palma

José Javier Donis Álvarez, gerente del Seguro Social, es llevado a la Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)
José Javier Donis Álvarez, gerente del Seguro Social, es llevado a la Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

Los tres casos revelados ayer están vinculados con una compra fraudulenta de 50 ambulancias, la adjudicación de un contrato millonario de alquiler irregular por cinco años y la adquisición no justificada de software. Los tres suman Q301 millones.

El contrato de Pisa, la empresa que suministró tratamientos renales que habrían causado la muerte de más de 40 pacientes, tuvo un costo de Q116 millones, a los cuales se suman los Q2 millones del contrato irregular de un edificio del Seguro Social en Chiquimula.

Las capturas efectuadas ayer tuvieron como origen denuncias de la Contraloría General de Cuentas (CGC), presentadas al Ministerio Público (MP).

Cae el gerente

Luego de varios allanamientos, ayer fueron detenidos José Javier Donis Álvarez, actual gerente del IGSS, quien enfrentará cargos por fraude y peculado por sustracción, y Dominga Estela Cuéllar Hernández, subgerente de Integridad y Trasparencia, señalada de incumplimiento de deberes.

A la lista se suma Rebeca Cordón, representante legal de la entidad Coral Gables Business Group, S.A., capturada por fraude. La empresa suscribió un contrato de arrendamiento por Q14 millones en circunstancias cuestionadas, según la Fiscalía.

Carlos Ramiro Moino Cárdenas, representante legal de la entidad Supplies Trading, S. A. —la empresa que figura en el contrato de 50 ambulancias sobrevaloradas— fue detenido por fraude y defraudación tributaria.

Luis Alfredo Morales Palma es representante legal de la entidad Intellego, S. C., y enfrentará cargos por fraude. La compañía prestó el servicio de software no justificado por Q243 millones.

Citan a detenidos

Siete detenidos por el caso IGSS-Pisa serán citados para su primera declaración en estos nuevos casos.

Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente de la Junta Directiva, está señalado de asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Julio Roberto Suárez Guerra, ex primer vicepresidente, enfrentará cargos por asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Jesús Arnulfo Oliva Leal, ex segundo vicepresidente de la Directiva, está señalado de asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Max Erwin Quirín Schoder, ex vocal segundo, podría responder por los delitos de asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Julia Amparo Lotán Garzona, ex vocal tercero, es señalada por cargos de asociación ilícita, fraude y también peculado por sustracción.

Óscar Armando García Muñoz, exgerente de la institución, es señalado de haber incurrido en fraude y peculado por sustracción.

Dubón González, ex subgerente administrativo, deberá responder por asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Los Casos nuevos

Los capturados y citados están sindicados de haber cometido ilegalidades en tres eventos administrativos entre septiembre del 2013 y noviembre del 2014.

El primer evento relaciona a Álvaro Dubón González, quien en septiembre del 2013 fungía como subgerente administrativo. Según las pesquisas “solicitó a la División de Mantenimiento un reconocimiento al edificio de las oficinas centrales del IGSS, ubicado en la 7a. avenida, 22-72, zona 1”.

El objetivo de Dubón González era determinar si ese inmueble cumplía con requisitos de habitabilidad dado el hacinamiento en la zona 1, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El propósito era arrendar otro edificio, y sin que fuera hecha pública una invitación para ofertar el contrato de arrendamiento, fue adjudicado a la empresa Coral Gables Business Group.

La renta del inmueble, localizado en la 6a. avenida “A” 9-52, zona 9, fue acordada por US$30 mil mensuales, durante cinco años. “El Seguro Social canceló 11 meses por un inmueble que nunca fue utilizado”, detalló Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Coral Gables Business “presentó de forma espontánea esa oferta y en papel sin membrete; incluso el nombre de la empresa estaba incompleto. Lo anterior permite sospechar de la informalidad y poca experiencia de la empresa ofertante”, de acuerdo con Cicig.

Ambulancias

El segundo evento está relacionado con la compra de 50 ambulancias.

El proceso comenzó el 27 de diciembre del 2013, cuando se hizo la solicitud de 50 ambulancias al Departamento de Abastecimientos. Aunque su valor era inferior, Dubón González calculó el precio en Q880 mil cada una, según la Cicig. El valor pudo haber sido triplicado, considera el jefe de la Feci.

Donis Álvarez, hasta ahora gerente y quien en ese entonces era subgerente financiero, también avaló la compra.

Curiosamente el precio ofertado seis meses después por la Empresa Supplies Trading, S. A., adjudicada con la compra, fue de Q874 mil 743.

Dos meses antes, el 25 de octubre del 2013, en acta de asamblea de accionistas de la Empresa Supplies Trading se autorizó la apertura de una sucursal filial o subsidiaria de esa sociedad en Guatemala, con un capital de Q50 mil.

La empresa quedó inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero del 2014 y la patente fue extendida el 13 de mayo del mismo año, “coincidentes con la fecha en que se realizaron las publicaciones para las manifestaciones de interés”, de acuerdo con hallazgos de la CGC.

Sistema

El tercer evento comenzó el 21 de mayo del 2014, cuando el departamento de Informática pidió adquirir “una solución integral de sistemas informáticos SAP, o su equivalente, que incluyera la instalación, migración de datos, puesta en operación, garantía, soporte y actualizaciones de un sistema de gestión administrativa de los recursos gubernamentales (GRP)”, según la Cicig.

El valor estimado fue de Q243 millones, aun cuando el Seguro Social contaba con sistemas informáticos para el desarrollo de sus labores, tanto administrativas como médicas. Esa red incluye sistemas de contabilidad del Estado. “Todos los eventos fueron avalados por la entonces junta directiva”, especificó Sandoval.

Sin respuesta

Prensa Libre se comunicó a los teléfonos que aparecen en Guatecompras de la empresa Intellego. La persona que atendió respondió que eran las oficinas de una firma de auditoría, que ofrece sus servicios a Intellego, y proporcionó un número con el que indicó era posible comunicarse con representantes de Intellego, pero nadie respondió.

Coral Gables Bussiness Group, S. A., no tiene teléfonos disponibles en Guatemala y aparece registrada solamente una oficina en Miami. De la misma forma, de Supplies Trading, S. A., solo hay registrados teléfonos de su sede en Panamá. No fue posible contactar a nadie.

Hasta ahora han sido capturados seis exintegrantes de la Junta Directiva —uno falleció—, siete directores de unidades médicas, un exgerente y un gerente, tres subgerentes, un administrativo, de Integridad y Transparencia y otro de prestaciones en salud y, además, tres funcionarios de mediano nivel, especificó Sandoval, de la Feci.

Señalado otra vez

  • Juan de Dios Rodríguez fue nombrado presidente de la Junta Directiva del Igss en abril de 2013, por el entonces presidente Otto Pérez Molina.
  • Rodríguez se graduó  de la Escuela Politécnica en 1984. Compañero  del diputado Estuardo Galdámez y de Byron Lima, muerto en julio último. Fue instructor  de la escuela para kaibiles.
  • Fue secretario privado  del expresidente Otto Pérez Molina.
  • En el 2012 le sirvió como mandatario al exgobernante para alquilar una residencia en la zona 15.
  • Graduado de  abogado y notario de la Universidad Panamericana.
  • El 20 de mayo del 2015  fue capturado y señalado por la  Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de haber avalado un contrato con la empresa Pisa, que derivó en la muerte de más de 40 pacientes.
  • Fue señalado  también en el caso que se conoce como La Cooperacha, para darle regalos millonarios a Pérez Molina.