Ese día fue capturado Sergio Waldemar Cardona Reyes en la ruta hacia Cuyotenango, después de que testigos del crimen describieron a los atacantes.

Dos días después del ataque, autoridades capturaron a Artemio de Jesús Ramírez Torres, quien presuntamente habría disparado contra los periodistas.

Después del homicidio de los comunicadores, se difundió el video de una cámara de seguridad que mostraba a los individuos que cometieron el crimen, cuyas prendas de vestir coincidían con la que cargaban los capturados.

Investigación

El 26 de enero último, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), confirmaron la existencia de una estructura criminal que segó la vida de los comunicadores, la cual estaba integrada por sicarios, planificadores e intermediarios.

Las investigaciones llevaron a la conclusión de que una cantidad de Q25 mil había sido lo pactado a cambio del crimen.

El Ministerio Público aseguró que el entonces alcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, y ahora diputado, Julio Antonio Juárez Ramírez, pactó con dos intermediarios, quienes instruyeron al grupo de sicarios para vigilar la casa de López, seguirlo el día del crimen y matarlo en el parque central.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, Juárez tenía “contradicciones” con López, respecto de la candidatura para alcalde de Cuyotenango, Suchitepéquez, por el partido Líder.

Juárez habría sido quien designaba a los candidatos locales por tener el apoyo de las bases partidarias, y se oponía a que Érick López Posadas fuera aspirante para la comuna de Cuyotenango, candidato que, según la investigación, era el favorito del comunicador.

Al final Juárez consiguió que López Posadas fuera removido y que Débora Karina Borrayo Lima, esposa de Marco Antonio Paredes Palacios -uno de los intermediarios en el crimen- fuera designada como candidata a la alcaldía.

En la audiencia de primera declaración de los implicados salió a relucir el nombre de una persona a quien denominaban el Guayo, quien presuntamente hizo la coordinación de los sicarios.

El caso fue conocido primero por un juzgado de la localidad, pero se pidió que fuera trasladado a la capital, y fue hasta el 8 de abril de 2015 que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió trasladar el caso al Juzgado de Mayor Riesgo B en la capital.

Los magistrados argumentaron que existía riesgo para los fiscales que estaban a cargo de la investigación, ya que estos denunciaron que a través de una llamada se les advirtió de que si continuaban con las investigaciones, seguirían matando periodistas.

Dos de los testigos protegidos también fueron trasladados de Mazatenango porque también denunciaron estar siendo intimidados.

Más capturas

El 26 de noviembre de 2015 el MP pidió la captura de otras cuatro personas que estarían involucradas en el caso y eran los supuestos planificadores: Nery Yanuario López Gramajo, el que habría planificado los homicidios; Carlos Aníbal Fuentes Camey, el enlace con el negociador y supuesto autor intelectual (diputado Julio Juárez); Hugo Otoniel Escobar Reyes, otro enlace con el negociador; y Belter Armando Álvarez Castillo, quien mantuvo contacto con el negociador.

Otros sindicados

Jorge León Cabrera Solís, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) era el supuesto coordinador de los sicarios, quien llegó a ser colaborador eficaz. Luis Emerio Juárez Pichiyá, otro agente de la PNC, también estaría involucrado, al igual que Germán Amílcar Morataya Beltrán.

El 6 de marzo del año pasado, el expediente fue trasladado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), para que se agilizaran las investigaciones contra los actores intelectuales del caso. Aunque eran seis los capturados, uno fue dejado en libertad por falta de mérito.

El 1 de febrero de este año, Marco Antonio Paredes Palacios y Marco Tulio Cano Reyna fueron ligados a proceso por la muerte de los periodistas. Ambos habrían sido intermediarios entre el autor intelectual y los autores materiales.

¿Cómo fue?