“En el proyecto de reforma se establece que ser sometido a procedimiento penal se inicia desde la audiencia de primera declaración, y entonces, si así se aceptara una definición del concepto de antejuicio, significaría que es posible adelantar investigaciones de quienes tienen ese beneficio”, pero sin ser capturados hasta que un juez levante la inmunidad”, explicó el comisionado.

El problema que afrontan los investigadores de los casos en los que hay involucrados funcionarios y alcaldes con inmunidad es que “se hace la solicitud de que se levante la inmunidad y se rechaza porque no hay elementos que soportan la solicitud de antejuicio, y ahí lo que hay es una gran impunidad”, opina Velásquez.

Si las reformas fueran aprobadas sería posible adelantar una investigación preliminar, incluidas las interceptaciones telefónicas, los exámenes financieros y de bancos, y hacer allanamientos, pero con la garantía de no ser privado de libertad, ni imputado antes de que un funcionario judicial dé vía libre para levantarle la inmunidad. En otros países de América Latina, ni altos funcionarios ni alcaldes gozan de ese beneficio, señaló el comisionado.

Preocupados

Los gobernadores están turbados porque en el Diálogo Nacional para reformar el sector de justicia se contempla quitar el privilegio de antejuicio a los representantes del presidente en los departamentos, y no encuentran apoyo, como los alcaldes, en diferentes sectores.

Por ejemplo, en los diálogos regionales la sociedad civil se ha mostrado a favor de retirar la inmunidad por medio de la modificación del artículo 227 constitucional, en el cual se quitaría el grado de ministros a los gobernadores, por lo que ya no tendrían el mismo privilegio.

Dos gobernadores que pidieron el anonimato reclaman que el Ejecutivo no ha sido contundente en manifestarles apoyo como sí lo hizo el presidente Jimmy Morales con los alcaldes, y señalan que estos tampoco han querido respaldarlos. El lunes último, el vocero presidencial, Heinz Hiemann, indicó que este derecho para “garantizar la gobernabilidad” es para alcaldes, gobernadores y “miembros del Gabinete”.

investigados

La Corte Suprema de Justicia abrió durante el 2015 y el primer cuatrimestre del 2016 un total de 33 expedientes, en los cuales distintos interponentes solicitaron que se les retirara la inmunidad a legisladores actuales y algunos ahora excongresistas. De estos, 17 fueron rechazados en forma liminar; es decir, desde el principio, sin análisis previo.

Nueve de los señalados son diputados. Las dos solicitudes de antejuicio que siguen su curso son las de Inés Castillo Martínez y José Domingo Trejo de la Roca.

En tanto que las de Édgar Justino Ovalle, César Sandino Reyes Rosales, Fidel Reyes Lee, Delia Bac, Orlando Blanco, Nery Samayoa y Luis Pedro Álvarez fueron rechazadas desde el principio.

De acuerdo con datos proporcionados por la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Véliz, ocho legisladores oficialistas están sujetos a pesquisas.

Otras fiscalías, como las encargadas de asuntos de corrupción y delitos administrativos, investigan al menos a otros 17 legisladores.

Procesos seguirán

Los siguientes expedientes fueron remitidos al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, para que el proceso continúe.

• Jimmy Ronald Ren acumuló tres solicitudes de antejuicio y una de ellas fue declarada con lugar.
• Emilenne Mazariegos:  antejuicio 402-2015, declarado con lugar.
• Edwin Armando Martínez Herrera: antejuicio 234-2015
• Baudilio Hichos López:  antejuicio 257-2015
• Pedro Muadi Menéndez:  antejuicio 263-2015
•  Mario Gerard Yanes Guerra:   antejuicio 288-2015
• Luis Adolfo Chávez Pérez: antejuicio 293-2015
• Mario Rivera Cabrera:  antejuicio 295-2015
•  Jaime Martínez Lohayza, antejuicio 316-2015
• Daniela de la Luz Beltranena:  antejuicio 580-2015
•  Mirza Judith Arreaga: sin datos