Justicia

Víctimas esperan justicia

Tribunal encargado del caso se separó, debido a recusaciones de la defensa.

Por Andrea Orozco

El caso IGSS-Pisa aún se dilucida ante la justicia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El caso IGSS-Pisa aún se dilucida ante la justicia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La esperanza mantiene unidos a  pacientes y familiares de personas que fallecieron  luego de que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería Pisa firmaron un contrato, presuntamente en forma irregular, para el tratamiento de diálisis peritoneal.

El viernes último se cumplió un año de que fueron capturado los integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social y representantes de esa empresa; sin embargo  no hay avance en el proceso penal y las víctimas siguen a la espera de justicia.

El último recuento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) señala que el tratamiento al que fueron sometidos los pacientes del IGSS habría causado que 138 personas sufrieran una infección peritoneal y que 44 de ellas murieran.

El Ministerio Público (MP) sostiene que la directiva del Seguro Social, encabezada por Juan de Dios Rodríguez, recibió una comisión de entre 15 y 16 por ciento del monto total del contrato —Q116 millones 227 mil 35— como soborno de la empresa para adjudicarlo.

Por ese caso, 17 personas  esperan juicio y están en prisión preventiva desde el 26 de mayo del 2015, cuando la jueza Silvia de León las ligó a proceso.

El avance del caso ha sido lento. Durante 2015 se suspendieron dos audiencias y este año, una, por falta de espacio.

Además, el 3 de mayo pasado el Tribunal Octavo de Sentencia Penal se excusó, debido a acciones legales que la defensa de los  sindicados interpuso, por lo que una sala debe  resolver si acepta  la excusa, y de ser positiva la respuesta, nombrará a otro tribunal que comience el juicio contra los acusados, mientras los afectados siguen a la espera de  que se retome el caso.

Edie Cux, abogado de Acción Ciudadana, brinda apoyo legal a las víctimas y familiares, quienes se querellaron en el proceso, en busca de justicia.

El profesional del Derecho lamenta que se estanque el proceso y recuerda que algunos de los afectados murieron mientras esperaban que los culpables recibieran sentencia.

“Comenzamos con 13 víctimas, ahora son siete, algunas se retiraron, por ser de provincia y debido a que sus pocos ingresos económicos les impidieron continuar”, comenta.

Los afectados también esperan que se abra proceso por homicidios y lesiones.

Cux afirma que el MP ya comenzó las investigaciones sobre la muerte de pacientes y los problemas de salud de al menos  530.

Más que una vida

Para los afectados, las consecuencias de este negocio no acabaron cuando se rescindió el contrato o con la muerte de sus familiares. En algunos casos el daño fue más allá de lo material.

Israel Palencia, de 71 años, perdió a su único hijo varón, Rolando Palencia, el 12 de abril de este año.

El joven fue paciente renal desde el 2013, pero según su padre, el tratamiento de la Droguería Pisa deterioró su salud, fue operado dos veces, debido a la infección peritoneal y fue necesario trasladarlo a hemodiálisis.

Para recibir tratamiento, Palencia tenía que viajar tres veces a la semana desde San José El Ídolo, Suchitepéquez, a la capital y permanecer cuatro horas, cada día, conectado a una máquina.

“A veces no había para el transporte, y él no podía andar en bus porque estaba muy débil. Teníamos que gastar Q3 mil semanales, y así pasamos 10 meses”, rcuerda el padre.

Luego de cuatro días de agonía, Rolando murió, pero el esfuerzo de su padre por mantenerlo con vida hizo que  se endeudara con dos bancos, situación que   no ha podido solventar.

La familia de Ángela Molina tampoco ha podido cerrar su ciclo de dolor.

Ella, la más pequeña de siete hermanos, falleció el 17 de julio del 2015, cinco meses antes de cumplir 30 años.

Guillermina Ruano de Molina, madre de la joven, no ha superado el duelo. Sus otros hijos  pensaron que no soportaría la pérdida.

“Seguimos sufriendo por ese contrato. Con mi mamá nos ha costado más; —Ángela— era su niña, la última. Pensé que no iba a soportar, pero ahí va, todavía luchando”, refiere Geovanny Molina, uno de los hermanos de la joven.

La vida no será igual tampoco para Beberly Tzepet, quien tenía 20 años cuando comenzó a recibir el tratamiento de Pisa.

La joven sufrió dos infecciones y en la última fue sometida a cirugía. El tratamiento con antibióticos fue tan severo que perdió el oído.

La joven, que no ha recibido del IGSS los aparatos para   escuchar, solo puede comunicarse con sus familiares por escrito y dejó de practicar sus actividades diarias debido a esta nueva dificultad.

Ligero alivio

La supervisora de hospitales de la PDH, Zulma Calderón, asegura que desde que los pacientes del IGSS dejaron de recibir el tratamiento de Pisa,   no   han recibido más denuncias.

Además, un grupo de pacientes que no pudo ser estabilizado  y ahora   recibe hemodiálisis  fue escuchado después de varios meses de solicitar que se acercara el servicio a la provincia.

Según Calderón, la mayoría de afectados son originarios de Retalhuleu y Huehuetenango, por lo que el IGSS llevó los servicios a Mazatenango, Suchitepéquez y Quetzaltenango.

Según la profesional, ahora la institución está más vigilada, por lo que la atención que brinda a los pacientes es de mejor calidad.

Sorayda Macz, presidenta de la Asociación de Pacientes Renales de Peritoneo, afirma que los afectados están preparados para enfrentar el proceso.

“Vamos a luchar hasta lo último, todos los días,  porque tenemos fe en que se va a hacer justicia”, asegura.

Defensa

“Hay varias ilegalidades en el proceso”

David Pineda, abogado defensor de Ramiro Lorenzana y Édgar de La Peña, directivos de  Droguería Pisa, afirma que las escuchas telefónicas que se presentaron en el caso y que involucran a sus clientes son ilegales, pues no estaban autorizadas por un juez.

Pineda afirma que en el proceso se viola el derecho de defensa, ya que el artículo 61 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece que las escuchas telefónicas solo se pueden utilizar contra la persona a quien se  autorizó y que este no es el caso.

“Hemos planteado varias acciones de inconstitucionalidad y estamos seguros. En lo personal he tenido casos en los que se utilizan métodos de interceptación ilegales y los hemos ganado en la Corte de Constitucionalidad”, afirma.

El abogado asegura que la jueza Silvia de León, quien ligó a proceso a sus defendidos, cometió “una serie de ilegalidades”,  y que sus resoluciones no han sido debidamente fundamentadas.

En cuanto a las condiciones en las que Lorenzana y De la Peña se encuentran, debido a la prisión preventiva, el profesional afirma: “Son deplorables. Hay hacinamiento, si no igual a la de las otras prisiones, es superior”.

Pineda dice que hay  violación a la excepcionalidad de la prisión preventiva, pues esta debería ser la última opción del juez, pero “para la jueza fue la única opción”.

El defensor sostiene la inocencia de los representantes de la empresa, pues señala que la reunión en la que se indica que se pactó el pago de soborno ocurrió un día después de que la Junta Directiva del Seguro Social avaló  la adjudicación de la Junta de Licitación y que De la Peña se presentó a la reunión , sin saber el motivo del encuentro.