Migrantes

EE. UU. condiciona 75% de su cooperación

Los US$750 millones —unos Q5 mil 775 millones— que aprobó el Congreso de Estados Unidos para Guatemala, El Salvador y Honduras, destinados a promover el desarrollo en la región y evitar la migración de adultos y menores no acompañados, en el llamado Plan Alianza para la Prosperidad, impone 16 obligaciones que deben cumplir los países del Triángulo Norte para obtener ese apoyo.

Por Henry Estuardo Pocasangre

Aporte incluye US$188 millones para el istmo sin restricciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Aporte incluye US$188 millones para el istmo sin restricciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las peticiones de los congresistas estadounidenses como garantía para que su país traslade el 75 por ciento del dinero —US$562 millones—, están enfocadas en la seguridad nacional y fronteriza, desarrollo social, reformas políticas y fiscales, además de combate de la corrupción y cárcel para los funcionarios sospechosos de cometer actos ilegales en la administración pública.

El otro 25 por ciento será otorgado a esos países para que lo ejecuten en programas propios, con los mismos objetivos.

El Congreso de EE. UU. estableció que el Departamento de Estado debe presentar un plan de gasto plurianual que explique el uso de los fondos para cada país, así como los objetivos, indicadores para medir el progreso y una línea de tiempo para implementar la estrategia.

El mismo funcionario es el designado para la supervisión general del cumplimiento y podrá suspender en forma parcial o total la cooperación.

La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) dará prioridad a la ayuda en áreas que aporten para detener la migración de menores.

También pide que cada país forme una comisión autónoma que se dedique a la inspección del Plan y los programas.

Sin rumbo

Mientras el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció que el proyecto estará fundamentado en cuatro pilares, el Gobierno de Guatemala parece no tener definido el rumbo del plan regional.

Según Sánchez Cerén, los cuatro pilares que guiarán la implementación del proyecto son la dinamización de los sectores productivos, el desarrollo de capital humano y sistemas de protección e inclusión social, la seguridad ciudadana y acceso a la justicia, y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

Hasta ahora se conoce que en El Salvador 10 municipios del área norte y otros de la zona marítima serán beneficiados.

El mandatario salvadoreño detalló que el 16 de marzo del año próximo serán definidos los beneficiarios, posibles proyectos y montos.

Contrario a ello, en Guatemala poco o nada se conoce acerca del destino que tendrán los fondos prometidos por Estados Unidos.

Ekaterina Parrilla, jefa de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), manifestó anoche que autoridades del Programa Nacional de la Competitividad (Pronacom) y del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) son las encargadas de dar seguimiento al tema.

Al consultarle si Segeplán tenía contemplado el uso de los recursos, Parrilla respondió: “No, eso lo ha manejado el Pronacom y el Minex”.

Prensa Libre intentó comunicarse con el canciller Carlos Raúl Morales; sin embargo, no contestó las llamadas telefónicas hechas a su celular.





Condiciones

Lo establecido en el presupuesto de Estados Unidos para los países del Triángulo Norte especifica que US$562 millones serán obligatorios solo si se cumplen 16 condiciones.

La primera parte, un 25 por ciento —al menos US$187 millones—, exige cuatro responsabilidades al Gobierno, las cuales serán revisadas en informes que reciba el Congreso estadounidense.

Entre las condiciones está informar a los ciudadanos sobre peligros de viajar a la frontera suroeste de ese país, combatir el tráfico de personas y la trata, así como mejorar la seguridad fronteriza y cooperar con agencias de Estados.

El otro aporte que podría dar de manera obligatoria el Gobierno de EE. UU. corresponde al 50 por ciento del financiamiento —unos US$375 millones— que entregará después de que el secretario de Estado certifique e informe a los comités pertinentes del Congreso que cada país toma medidas eficaces.

Las condiciones son: establecer una entidad autónoma y proporcionar la supervisión del Plan, combatir la corrupción e investigar y enjuiciar a funcionarios corruptos.

Además, aplicar reformas políticas y programas para mejorar la transparencia, fortalecer las instituciones públicas, incluyendo el aumento de la capacidad y la independencia del Poder Judicial y de la Fiscal General.

Otros aspectos por cumplir son: establecer y aplicar una política con las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, grupos marginados, indígenas y gobiernos locales, para consultarlos en el diseño, participar en la ejecución y evaluación de las actividades del Plan.

Legalidades

Los congresistas estadounidenses estipulan que los fondos asignados en la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central pueden ponerse a disposición de la Cicig —en el caso de Guatemala— y de los otros países, si existiera una implementada.

Sin embargo, serán las comisiones instaladas las que deben determinar el uso de ese dinero.

También permitirán que los comités de cada país, previa consulta a la Usaid, transfieran fondos al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Fundación Interamericana, bajo el renglón “ayuda al desarrollo”, para el apoyo técnico y la asistencia estratégica.