Un juez federal en Toledo, Ohio,  precisó que una vez que Aroldo Castillo Serrano haya cumplido su pena, será deportado a su nativa Guatemala. Castillo Serrano, quien se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, se declaró culpable previamente.
Muchas de las víctimas eran adolescentes y el menor de ellos tenía 14 años. Algunos eran familiares del acusado, indicaron los fiscales.
Los investigadores dijeron que Castillo Serrano, de 33 años de edad, atrajo a los niños y jóvenes con la promesa de inscribirlos en escuelas y encontrarles buenos trabajos.
Obligó a que los familiares de las víctimas firmaran escrituras de sus propiedades en Guatemala para pagar el transporte, mientras que algunos fueron sacados de custodia en la frontera con México, señalaron los fiscales.
A los adolescentes y jóvenes se les obligó a trabajar en una granja avícola de la región centro de Ohio, cerca de Marion, y debían entregar gran parte de sus ganancias, detallaron los fiscales, quienes concluyeron que en total había unas 35 víctimas.
Agentes federales responsables de la investigación catearon un descuidado parque de casas móviles hace dos años, en donde diez jóvenes guatemaltecos habían estado viviendo sin calefacción y muy poca comida.
Castillo Serrano se disculpó antes de ser sentenciado. El año pasado se declaró culpable de conspiración para trabajos forzados, trabajos forzados, manipulación de testigos y alentar el ingreso ilegal al país.
Uno de los jóvenes que fue llevado a EE. UU.  dijo, durante una audiencia efectuada en abril, que Castillo Serrano amenazó con matar a su padre si él se quejaba sobre ser obligado a trabajar.
Trillium Farms, que produce más de 2 mil millones de huevos al año en varias granjas alrededor de la región centro de Ohio, dijo que no estaba al tanto de lo sucedido en una de sus granjas y no se le han presentado cargos hasta el momento.
El juez federal de distrito, James Carr, sentenció el lunes a Ana Angélica Pedro Juan, de 22 años de edad, a diez años en prisión por su papel en la operación de contrabando. A principios del año se declaró culpable de trabajos forzados.
Los fiscales dijeron que ella era la responsable de reclutar a los jóvenes, cuidarlos en la granja y controlar sus pagos. Otros cuatro acusados en el caso ya fueron sentenciados.