Migrantes

Red engañaba a migrantes

Un promedio de US$40 mil —unos Q304 mil— semanales pudo haber obtenido en ganancia el grupo de gestores coordinado por el ex vicecónsul Carlos Vinicio Juárez, en San Francisco, California.

Por Henry Pocasangre

Hasta Q300 mil semanales cobraba la red a migrantes por trámites. (Foto Prensa Libre)
Hasta Q300 mil semanales cobraba la red a migrantes por trámites. (Foto Prensa Libre)

La denuncia fue planteada en el Ministerio de Relaciones Exteriores por Byron Vásquez, un guatemalteco residente en ese país, quien detectó los procedimientos anómalos en la tramitación de documentos en el consulado en ese Estado, donde Juárez estaría al frente de un grupo integrado por tres trabajadoras de esa sede que se encargaban de dar un número telefónico a los migrantes que requerían actas de nacimiento.

Al comunicarse a ese teléfono, una voz femenina contestaba. Era Karen López, conviviente del ex vicecónsul, quien solicitaba depósitos de US$79 hasta US$180, según la urgencia del solicitante por obtener la constancia.

Vásquez explicó que fue víctima de la red que denomina Clan Escobar Juárez cuando acudió al consulado móvil ubicado en Portland, Arizona, y lo refirieron con López, identificada como la titular de la cuenta bancaria donde debía depositarse el dinero.

Dos diplomáticos

En febrero último, el vicecónsul de San Francisco, California, Francisco Escobar, fue retirado del cargo porque supuestamente tenía contratos comerciales.

En tanto, Juárez, quien laboraba en la misma representación, fue trasladado a Tucson, Arizona, tras las denuncias de Vásquez.

María Luisa Flores, directora general de la Cancillería, explicó que se basaron en esas dos acciones para emprender una investigación, y determinaron que los funcionarios cometen faltas administrativas “al tener acciones industrializadas generalizadas al funcionario o familias”, respecto de las recomendaciones para tramitar documentos.

La funcionaria explicó que se procedió a la destitución inmediata de Juárez y el caso fue trasladado al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas.

Flores agregó que detectaron que “una empresa que se denomina la Cajita Feliz es la que se prestaba a los negocios”.

Walter Batres, líder migrante residente en EE. UU., aseguró que afuera de los consulados, en todo el país, permanecen personas que efectúan trámites por costos elevados.

“La gente dice que va a pagar porque necesita los documentos”, expresó, y reconoció que tramitadores cobran US$100 —unos Q760— por certificaciones de nacimientos.

control permanente

Flores explicó que la unidad a su cargo mantiene control permanente de los procedimientos que se siguen en los consulados.

La fiscal de Delitos Administrativos del Ministerio Público, Heidy Tamara, comentó que el ilícito en el que los funcionarios pudieron haber incurrido es cobro ilegal. Explicó que por haber tenido lugar en la sede consular, el hecho fue cometido en territorio guatemalteco.