Informe

“Ya están inmovilizadas las cuentas bancarias en todo el sistema (…) la medida se envío a todos los bancos y ellos procederán. En caso de encontrar cuentas a su nombre, a informar al MP y al juzgado”, explicó Aldana.

Afirmó que la solicitud se hizo entre la noche del martes último y la mañana de ayer —miércoles—, pero no indicó el número de las cuentas ni el monto al que ascienden porque los bancos no han hecho reportes. “No puedo dar el dato (…) lo que puedo asegurar es que ya están inmovilizadas”, recalcó.

Además, no descartó que la medida alcance a los otros 12 implicados en el caso.

El juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda manifestó que no recibió la solicitud para embargar las cuentas inmovilizadas por el órgano investigador.

Villeda explicó que existen dos mecanismos para inmovilizar los bienes: uno, a través del juzgado, y otro, por el MP. En la última, las autoridades tienen 24 horas para informar a la judicatura.

Audiencia

Mientras Aldana informaba que las cuentas bancarias de Alejos Cámbara fueron congeladas de forma judicial, en el Juzgado Sexto de Instancia Penal se desarrollaba la audiencia de primera declaración de 11 supuestos integrantes de una red que negociaba contratos millonarios en el Seguro Social.

Debido a la cantidad de sindicados, así como al número de abogados defensores que figuran en el proceso, la diligencia se desarrolló en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, en la sala que pertenece al Tribunal A de Mayor Riesgo.

Los sindicados permanecieron en la carceleta de la Sala, desde donde escucharon los señalamientos que la Fiscalía hizo en su contra.

El mecanismo para leer los cargos, según explicó el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), consiste en hacer los señalamientos de cada sospechoso, uno a uno, y reproducir las grabaciones de las llamadas telefónicas en las cuales participaron.

La investigación detalla que la estructura operó al menos desde noviembre del 2014 y sus actividades se extendieron hasta abril del 2015.

Los primeros imputados fueron los empresarios Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, así como Hugo René Navas Bonilla, subdirector médico de la Policlínica del IGSS ubicada en la zona 1.

Se presume que los tres podrían ser los operadores de Alejos Cámbara en la institución, quienes se encargaban de beneficiar a la estructura al escoger los negocios de compra del Seguro Social por montos millonarios, para que las empresas investigadas fueran seleccionadas para suministrar los productos que requería la entidad.

Sandoval explicó que aunque fueron más de cinco mil sesiones de interceptación de llamadas, solo se reproducirán 150 escuchas telefónicas, las cuales son consideradas las más importantes y que demuestran cómo la red corrompía los negocios de la institución.

La defensa de los sindicados intentó que no fueran reproducidos los audios y atacó la legalidad de la interceptación de llamadas.

De acuerdo con las pesquisas, Toledo Paz pudo haber incurrido en los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, pues su función en la estructura era aprovechar su relación con autoridades del IGSS para lograr que los médicos de la entidad recetaran los medicamentos que se adquirían en forma irregular, lo cual creaba la necesidad de adquisición.

Muralles Morán es señalado de asociación ilícita y cohecho activo.

Los resultados preliminares de la investigación detallan que era él quien ofrecía beneficios económicos a funcionarios del IGSS, para tener acceso a información privilegiada de los concursos de las compras que efectuaba la entidad, así como las empresas que participaban, y así beneficiar a las que estaban vinculadas con la red.

Navas Bonilla habría aprovechado el trabajo que desempeñaba en la institución, así como la jerarquía que mantenía, para entregar información de importancia a la red.

Además, habría influido en la contratación de personal que pudiera “alinearse” a las solicitudes del grupo, dijo Sandoval.

Los delitos que se le impu-tan son asociación ilícita y cohecho pasivo, pues habría recibido sobornos por cumplir su función en la red.

El órgano investigador también leyó los cargos en contra de César Estuardo Hernández Monroy, médico de la Unidad de Oncología del IGSS, sindicado de asociación ilícita y cohecho pasivo.

Al final de la diligencia el MP había presentado 46 escuchas telefónicas. Se espera que la audiencia se extienda por tres días más.

Los detenidos permanecerán en la carceleta del sótano de la Torre de Tribunales hasta que se resuelva su situación legal.

Expresidente

Hubo dos escuchas telefónicas en las cuales se mencionó al expresidente del IGSS Juan de Dios Rodríguez, pero Sandoval indicó que por el momento no hay indicios de su participación en los hechos, por lo cual todavía no ha sido vinculado al caso.

Rodríguez fue nombrado por primera ocasión por Toledo Paz, quien le dijo a Muralles Morán que se había reunido con aquel.

La segunda mención fue hecha por Alejos Cámbara, quien le indicó a una persona que Muralles Morán era su sobrino, por lo cual tenía mucha información privilegiada de las compras del IGSS.

Rodríguez permanece en prisión vinculado con el caso IGSS-Pisa, por haber otorgado en forma irregular el contrato de hemodiálisis.