Quien le sigue es el exministro de Agricultura Sebastián Marcucci, con una denuncia penal y 12 sanciones pecuniarias por Q9.7 millones.

El exjefe de la cartera del Interior Mauricio López Bonilla ocupa el tercer lugar, con dos denuncias penales mancomunadas con el resto de exviceministros, por Q3.9 millones.

Entre quienes tienen menos hallazgos están, la extitular de Educación Cinthya del Águila, con Q52 mil 500; el actual ministro de la Defensa, Williams Mansilla, con Q25 mil 497; el exministro de Comunicaciones Víctor Corado, con Q4 mil 375, y la exministra de Ambiente Michelle Martínez, con Q17 mil 500.

Pese a que todos presentaron pruebas de descargo para desvanecer los hallazgos, para los auditores de la Contraloría no fueron argumentos suficientes y confirmaron las sanciones.

Entre los descubrimientos se encuentran la contratación de personal que trabaja en otras unidades ejecutoras y, en otros casos, por parentesco en grados de ley, incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y a otras normativas.

Se intentó contactar a los exfuncionarios; sin embargo, no contestaron las llamadas o cambiaron de número.

Erick Archila, exministro de Energía, dijo que en su caso hubo solo un error administrativo que desvanecerá en su momento.

Los hallazgos de la Contraloría corresponden a la auditoría efectuada al Presupuesto del 2015.

Los exministros que no presentan reparos en la auditoría son el de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, y el de Trabajo, Carlos Ulbán.

MP recibe expedientes de CGC

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) informó que ya comenzó a recibir denuncias sobre los hallazgos denunciados el martes último  por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Entre las denuncias  hay una contra el Tribunal Supremo Electoral  por compra de mesas electorales y atriles por Q5 millones y una de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, por irregularidades en contrato de arrendamiento  por  más de Q479 millones.

Se añade, entre otras, una  de la comuna de Villa Nueva, en la cual un empleado de la CGC cobra para no presentar hallazgos.