Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (Ciidh), señaló que durante los últimos cuatros años se profundizó el proceso de deterioro y de retroceso en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Aunque aclaró que en los gobiernos anteriores ya venían en deterioro los acuerdos, en el de Otto Pérez Molina —ahora preso— se profundizó, y que el presidente Alejandro Maldonado Aguirre no ha hecho nada para virar ese proceso de retroceso sistemático.

Santos comentó que el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos tenía importantes compromisos para el fortalecimiento del Sistema de Justicia, Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Público Penal, pero esas instituciones no cuentan con recursos suficientes para funcionar.

“Solo si se ve al tema presupuestario va a encontrar que los recursos no solo han sido insuficientes, sino que en algunos momentos han retrocedido en el gasto que se le debe asignar a dichas instituciones”, aseveró.

Carmen Aída Ibarra, de Movimiento Pro Justicia, agregó que pareciera que la agenda de los Acuerdos de Paz ya quedó olvidada, y que se ha quedado pendiente el cumplimiento en aspectos socioeconómicos, agrarios, y los relativos a los pueblos indígenas.

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), señaló que, si bien el tratado firmado entre Gobierno y los representantes de la guerrilla no suponía cambios radicales, sino que en alguna forma que le dieran sentido a la cotidianidad de Guatemala, ningún gobierno le ha puesto el interés ni ha generado proyectos que permitan realizar esos cambios estructurales y necesarios.

“Si bien es cierto se han decretado algunos acuerdos a los cuales se le da un reconocimiento legal, y se ha generado una secretaría que debería impulsarlos, los cambios no se advierte sustanciales”, indicó Rodenas.
 
En cuanto a la garantía de no repetición de violaciones a derechos humanos, Santos consideró que los avances significativos que se han dado son parte de un esfuerzo de funcionarios en particular y de familiares de las víctimas del conflicto armado interno.

Retos

Santos indicó que un “enorme reto” que tiene el gobierno electo — de Jimmy Morales— son las demandas que fueron planteadas por los ciudadanos en los últimos cinco meses —desde abril último— , vinculadas a los compromisos de los acuerdos.

Uno de ellos es la reforma electoral que permita efectiva democratización de los partidos políticos, porque los Acuerdos de Paz hablan de una democracia formal, real y participativa, añadió.

Rodenas dijo que unos de los retos es retomar las reformas constitucionales que se proponen dentro del Acuerdo, sin mezclarlas con otro tipo de reforma, así como fortalecer el compromiso con los pueblos indígenas y la reconversión del Ejército de Guatemala.

Otro reto que consideró importante es abordar aquellas recomendaciones que establece la Comisión de Esclarecimiento Histórico, importantes para la reconciliación del país.

“Recordemos que todavía hay muchas comunidades que están buscando justicia, el Estado debe facilitar todos los informes y datos para poder esclarecer muchos de los hechos cometidos durante el conflicto armado interno”, aseveró.