Política

Amasaron Q34.5 millones por sobornos en la SAT

Unas 20 empresas pagaron coimas y el dinero fue a manos de tres exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria y de un asesor fiscal.

Por Glenda Sánchez

El pasado 14 de junio se tenía programada la audiencia donde se decidiría si los implicados deben enfrentar juicio; sin embargo, fue suspendida. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El pasado 14 de junio se tenía programada la audiencia donde se decidiría si los implicados deben enfrentar juicio; sin embargo, fue suspendida. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Al menos  Q34.5 millones en coimas provenientes de unas 20 empresas  podrían haberse repartido  cuatro personas, entre ellas   tres sindicadas en los casos  La Línea  e Impunidad y Defraudación.

Los avances en las investigaciones que emprendió la Fiscalía de Delitos Económicos establecieron que  Geovanni Marroquín, asesor de la empresa Tres Puertos; el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco; el exintendente Jurídico Alfonso Castillo y el exintendente de Fiscalización Ariel Guerra, tendrían una línea propia de negocios ilícitos.

Los hallazgos indican a los fiscales que unas  20 empresas podrían haber  utilizado  los servicios de este grupo para gestionar más rápido la devolución del crédito fiscal o  evitar   auditorías. Entre esas  firmas se encuentran compañías  de hule, azúcar, gas, palma africana, chatarra y hierro.

Los negocios manejados con estas entidades podrían haber alcanzado los Q300 millones, monto por el cual Marroquín recibió en concepto de sobornos  Q34.5 millones, que se repartió con  Franco,  Guerra y  Castillo.

Forma de operar

Marroquín era el enlace   principal entre los clientes y los funcionarios de la SAT. 

“Con ayuda de un intermediario, contactaban a las empresas para darles las negociaciones disfrazadas de asesorías”, se explicó en  la Fiscalía a cargo de la investigación.

La mayoría de solicitudes estaban relacionadas con la devolución del crédito fiscal, que según afirmaron, son procedimientos en los que  la SAT se tarda  hasta cuatro años para hacerlos efectivos, debido a la cantidad de peticiones que llegan a la entidad tributaria.

En el desarrollo de los acuerdos, Marroquín  requería a sus clientes  el  11.5 por ciento del  total de la devolución fiscal que la empresa solicitaba. 

Una vez   llegaban a un acuerdo con   Marroquín,  él   llamaba  a sus contactos en la SAT —Franco y otros funcionarios de alto rango— para informar que su cliente necesitaba  un procedimiento. 

Los entonces  funcionarios de la SAT   gestionaban la aceleración, si se trataba de una devolución fiscal, o bien cancelaban alguna de las auditorías que estuviera programada para hacer.

“En esta parte se considera que estaban las irregularidades, ya que  los funcionarios ordenaban que la empresa del cliente se ahorrara una cola que tardaba hasta cuatro años y su trámite fuera en dos años o menos”, se ejemplificó en la Fiscalía.

Se agregó: “Para comprobar esas acciones ilícitas encontraron que tres empresas hicieron la solicitud de la  devolución; dos de ellas siguen a la espera de que la SAT las  audite para que puedan recibir su dinero, mientras la que asesoró Marroquín recibió el dinero en menos de dos años”.

Pagos y facturas

Con las resoluciones listas  informaban a Marroquín, quien de inmediato avisaba al “cliente” que ya podía ir al Banco de Guatemala a retirar el dinero. 

Después cobraba la comisión, que era pagada en cheques a nombre de al menos cinco compañías relacionadas con él.

“Marroquín emitía facturas por estos servicios, aunque en realidad correspondían al cobro de las comisiones”, revelaron las fuentes. 

Los cheques eran cobrados  por su  asistente  y  el efectivo, después, era entregado a personas cercanas a los entonces funcionarios.

Por medio de un testimonio, la Fiscalía constató   que el asistente de Marroquín le entregó dinero en “concepto de soborno”  al  piloto de Ariel Guerra y, además, que parte de las “comisiones” fueron  utilizadas para pagar las tarjetas de crédito a nombre de  Franco.

Otras de las pruebas encontradas a Marroquín y que sustentan esa red, son cuadros de controles de los pagos pendientes que tenía con los funcionarios de la SAT.

Aceros

El 10 de junio último, la fiscalía de Delitos Económicos  entregó la acusación formal al Juzgado de Mayor Riesgo B, contra 15 personas señaladas en dicha red.

La investigación preliminar reveló que Aceros de Guatemala es una de las empresas que, por medio de Marroquín, buscó los servicios de Tres Puertos, los cuales eran disfrazados de asesorías contables para crear un blindaje tributario.

“El servicio que brindaba era evitar las  auditorías de la SAT y que se agilizara el pago de devolución del crédito fiscal de la empresa acerera”, se indicó.

Marroquín gestionó  tres devoluciones del crédito fiscal a Aceros de Guatemala, valoradas en Q21.2 millones por los que recibió una comisión del 11.5 por ciento, que significó  Q2.4 millones, según las investigaciones de la Fiscalía.

“Las tres negociaciones fueron por Q11.8 millones, Q9 millones y Q1.3 millones”, se detalló.

La Fiscalía a cargo de las pesquisas no ha podido establecer de forma precisa en qué momento Marroquín y los exfuncionarios de la SAT comenzaron a promover este tipo de negocios ilícitos.

Asimismo, se sospecha que el número de las empresas que en teoría asesoró la organización de defraudación podría crecer, pues los investigadores sospechan que el ex superintendente Franco  manejaba su propia “cartera de clientes”. 

De comprobarse, el dato de las comisiones también podría variar.

Embargan 16 bienes

Seis inmuebles y 10 vehículos de diferentes marcas, a  nombre de empresas relacionadas a   Geovanni Marroquín   podrían pasar al Estado, luego de que el Ministerio Público solicitara y obtuviera la inmovilización.

En la Fiscalía de Delitos Económicos del MP se informó que  la petición fue requerida el pasado jueves al juzgado, para que se investigue si fueron adquiridos con dinero lícito.

Algunos de los bienes  inmovilizados eran las empresas que prestaban servicios de los negocios ilícitos disfrazados de asesorías contables.

Cuentas

Además, se informó que también se pidió el embargo de varias cuentas bancarias, sin mencionar la cantidad y a quién correspondían. 

No se descartó que se embarguen bienes de los otros implicados en el proceso penal que se desarrolla  en el Juzgado de Mayor Riesgo B.

Antecedentes

El 12 de febrero último, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)  desarticularon una estructura de defraudación.

Por este caso, conocido como  Impunidad y Defraudación, están ligadas a proceso 15 personas entre exfuncionarios y auditores de la SAT y  particulares relacionados a dichas empresas.

La acusación formal del caso fue presentada el pasado 10  de junio   y cuatro días después se tenía programada la audiencia de fase intermedia —audiencia en la que el juez decide si envía a juicio oral y público a una persona—, aunque se suspendió por el desarrollo de otras audiencias programadas.

Ligados a proceso

En el caso  Impunidad y Defraudación hay 15 personas señaladas, lo que incluye a la empresa Aceros de Guatemala, estas son:

  • Álvaro Omar Franco
  • Élder  Fuentes García
  • Geovanni  Marroquín
  • Ariel de Jesús Guerra
  • José Mangandi Ortiz
  • Alfonso Romeo Castillo
  • Evelin Yulisa  Gómez
  • Alicia López Paiz
  • Osmin Ronaldo Ceijas
  • Giovani Estefan Reyes
  • Nidia Verónica Espina
  • Julio Ernesto Román
  • Pedro J. Raúl Paiz
  • Alfredo M. Ledocarrillo
  • Rigoberto Chacaj Soc
  • Frank M. Trujillo, el abogado de Aceros de Guatemala no había sido ligado y fue hasta mayo que el juzgado lo vinculó.