El alza en la electricidad fue el detonante de protestas, ante las cuales el gobierno optó por fortalecer un pelotón antidisturbios del Ejército, puesto que el de la Policía Nacional nada podía hacer contra las pedradas y bombas incendiarias de  universitarios enardecidos.

Aquel 18 de mayo de 1993, la avenida Petapa fue escenario de una batalla campal, mientras en la zona 9 el polémico diputado Obdulio Chinchilla Vega sufría un atentado.

Su vehículo recibió unos 70 impactos de bala que lo dejaron entre la vida y la muerte y por lo cual perdió un ojo. Días antes, uno de sus guardaespaldas fue acusado de haber disparado contra un estudiante, quien falleció.

En el Congreso se buscaba derogar la tarifa eléctrica, pero aquel organismo era también un campo de batalla, con traiciones y componendas. El oficialista Movimiento de Acción Solidaria se había integrado a la Unión del Centro Nacional y a la Democracia Cristiana Guatemalteca, en la llamada “trinca infernal”.

El 19 de mayo, el presidente Jorge Serrano Elías declaró: “No toleraremos más bochinches”, mientras el gremio magisterial se aprestaba a manifestar.

El 20 de mayo, unos 40 mil trabajadores del Estado se fueron a  paro, debido a las cuotas en el servicio de energía eléctrica, pero también demandaban que los hospitales  no fueran privatizados y que bajara el costo de vida.

Políticos opositores  demandaban al presidente que destituyera a todo su gabinete y nombrara a otros ministros; otros le exigían a la Contraloría General de Cuentas que auditara los ingresos del mandatario, a quien señalaban de haber llegado con deudas al cargo y dos años después tenía cuantiosos bienes.

El Ejército, mientras tanto, denunciaba que la guerrilla tenía un plan para desestabilizar al país. Las negociaciones de paz, que comenzaron en 1990, estaban suspendidas por los señalamientos entre las dos partes.

Rumores de golpe

El editorial de Prensa Libre del 18 de mayo había advertido ya de que aunque la ingobernabilidad podía ser usada como la excusa para un golpe de Estado, la respuesta estaba realmente en un cambio de rumbo del Gobierno  y en convocar a diversos sectores  a buscar consensos.

No obstante, Serrano insistía en que los medios de comunicación magnificaban la dimensión de las protestas para hacerle daño a su gobierno y buscaba la manera de decretar un estado de Excepción para limitar la libertad de expresión.

La iglesia Católica, que actuaba como mediadora, advertía el 24 de mayo de que retiraría a monseñor Rodolfo Quezada Toruño de las conversaciones de paz si no se flexibilizaban las posturas.

Indígenas  hablan

Ese día había comenzado en Chimaltenango el I Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas, en el cual participaba la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú. Allí se negaba que las organizaciones mayas estuvieran vinculadas con la guerrilla, como lo afirmaba el Gobierno.

En el ambiente internacional flotaba el desafuero del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, señalado por el Congreso de ese país de actos de corrupción; en Brasil, el mandatario Fernando Collor de Mello también afrontaba señalamientos, en tanto que en Perú,   Alberto Fujimori llevaba un año en el poder absoluto, después de haber disuelto las cortes, en el llamado Fujimorazo.

En aquel contexto fue que, el 25 de mayo de 1993, Jorge Serrano Elías anunció que disolvía el Congreso, el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, con lo cual rompía la institucionalidad del país, en lo que se conoce como Serranazo.