Política

CC rechaza amparo contra decreto que castiga a funcionarios

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó en definitiva este jueves el amparo que el Ejecutivo presentó en contra del Decreto Número 13-2016.

Por Carlos Álvarez y Byron Vásquez

La CC rechazó la acción presentada por el Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La CC rechazó la acción presentada por el Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Dicho decreto hace reformas al Código Penal para castigar hasta con tres años de cárcel a los funcionarios y personas que manejen fondos públicos y que no asistan a las citaciones del Congreso.

El amparo fue rechazado por unanimidad por el pleno de la Corte, porque al haber sido publicado ayer en el diario oficial dicho medida legal quedó sin materia.

Pese a este rechazo el Ejecutivo aún podría colocar algún amparo ante la CC si considera que la normativa viola normas constitucionales.

El decreto tiene menciona que las personas individuales o representante legal de la persona jurídica que maneje fondos públicos y no asista sin causa justificada a las situaciones del Congreso será sancionada con dos o tres años de prisión.

Además tiene la misma advertencia y castigo, para a los funcionarios y empleados públicos, que de igual forma manejen, reciban o custodien fondos públicos.

Pugna de poderes

Dicho decreto había sido aprobado el 4 de marzo último, pero el pasado 9 de marzo en una publicación del Diario de Centro América  el presidente Jimmy Morales, vetó dicha normativa.

El argumento del mandatario es que las sanciones son contrarias a lo que establece la Constitución, ya que la ausencia de los funcionarios a las citaciones del Organismo Legislativo no está tipificada como delito o falta.

Morales pidió al Congreso que ratificara la acción, y afirmó que necesitaba que los ministros se ocupen de los problemas que tiene el país, y ese tipo de castigos entorpecerían su trabajo.

Sin embargo el pasado 5 de abril, en una sesión plenaria, los diputados rechazaron el veto presidencial y más de las dos terceras partes del total del pleno aprobó el Acuerdo 16-2016 que ratificó las sanciones.

Los parlamentarios afirmaron que el mandatario protegía a sus ministros para que estos no se presentaran al Congreso a rendir cuentas, y que con esto “se sentaría un precedente que favorecería a la fiscalización”.

El pulso no quedó ahí y el pasado 14 de abril el Ejecutivo presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el acuerdo del Congreso que rechaza el veto presidencial al decreto 13-2016.

Ayer fue publicado en el Diario de Centro América el Decreto 13-2016 el cual entrará en vigencia el próximo jueves 28 de abril.