Política

Contraloría busca la nulidad de 17 contratos

La Contraloría General de Cuentas (CGC) busca la nulidad de 17 contratos, en su mayoría de las portuarias, explicó el jefe de esa institución, Carlos Mencos, luego de una citación en el Congreso.

Por Jessica Gramajo

Mencos explicó que los contratos ya fueron enviados a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que los revise y determine la pertinencia de la nulidad. “La lesividad ya no cabe, porque debió hacerse en los primeros tres años que se asumió el compromiso”, explicó.

El contralor aseguró que efectúan un análisis jurídico de todos los contratos de usufructo oneroso que están en las portuarias, en especial Puerto Quetzal, en donde ya se ha avanzado bastante.

A las acciones de la CGC se suma la revisión del contrato oneroso “de Ferrovías, en Ferrocarriles de Guatemala, donde también se está desarrollando una dinámica para ver cómo se recupera la administración total de esta institución”.

Proceso jurídico

  • Las investigaciones en las empresas portuarias comenzaron luego de que trascendió la investigación de La Línea, en la que se vieron involucrados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Un total de  14 contratos fueron autorizados entre el 2012 y el 2015 en la misma modalidad con  que se otorgó el de TCQ.
  • 7,201.12 metros cuadrados fueron entregados en contrato a Zeta Gas, en marzo de 2013.
  • 348,171.81 metros cuadrados de terreno se dieron en usufructo a la Terminal de Contenedores Quetzal.
  • 103,912.41 metros cuadrados fueron dados en usufructo a Exportadora Piedra Parada en 2014.
  • 9 mil metros cuadrados fueron dados en un usufructo oneroso a Aplicación Técnica.

El argumento que se esgrime es que las instituciones están trasladando las competencias que legalmente le corresponden. “La misma Constitución establece que la administración pública no es delegable”, citó.

Mencos agregó: “En el caso de las empresas portuarias, el tema que quizá podría ser lo más delicado es que se pierde el control de las áreas que están usufructuando y se vuelven altamente vulnerables por el trasiego de todo tipo de mercadería ilícita y contrabando”.

Afirmó que tratan de que las instituciones públicas “recuperen la labor que constitucionalmente les corresponde y dejen de trasladar competencias a empresas privadas”.

El pasado 8 de junio la CGC denunció penalmente en la Fiscalía, 19 contratos de usufructo en la Empresa Portuaria Quetzal, para que investigue su legalidad, luego del escándalo de corrupción en la gestión de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El exinterventor Allan Marroquín, prófugo de la justicia, firmó 15 de dichas concesiones.