Según el extenso reporte, “la pobreza, el racismo la discriminación, la exclusión, la violencia y la impunidad han sido constantes observadas en Guatemala por esta Comisión (…) en una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal, y con un alto nivel del corrupción”.

La Comisión, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), también destacó “la necesidad en Guatemala de una administración de justicia eficiente, independiente y autónoma para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia del Estado de derecho”.

Para la CIDH, la “principal preocupación” se centra en “el acceso a la justicia y la impunidad, legado del conflicto armado interno”, así como los procesos de selección de los operadores de justicia.

En el caso de Cuba, la CIDH reiteró la preocupación de informes pasados sobre “las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión de pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de circulación y residencia”.

No obstante, el informe de la CIDH destacó la marcha de la reaproximación diplomática entre Washington y La Habana, y añadió que la entidad “continúa viendo con preocupación la vigencia del embargo sobre Cuba, que genera múltiples impactos en la situación de los derechos humanos de sus habitantes”.

En el capítulo referido a Venezuela, la CIDH denunció como el problema más grave la “provisionalidad de jueces y fiscales, la cual conlleva a la fragilidad del poder judicial y a su falta de independencia e imparcialidad”.

Aunque Cuba fue excluida del sistema interamericano en 1962, la CIDH considera que aún tiene mandato para monitorear a la isla y realizar informes alegando que la exclusión se limitó al gobierno y no al Estado.

Sin embargo, Cuba no responde a consultas de la CIDH desde hace medio siglo. El informe anual de la CIDH de 2015 está formado por seis capítulos y 15 anexos.