Política

Cien días de gobierno: Evaluación a seguridad ciudadana

Analistas y dirigentes sociales consideran que en los primeros meses no han tenido una baja considerable en número de homicidios y depuración de las fuerzas de seguridad

Por Geovanni Contreras

Ataques a comerciantes a causa de extorsiones mantienen en vilo a la población. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Ataques a comerciantes a causa de extorsiones mantienen en vilo a la población. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En este ejercicio participan el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas  (Cadep) de la Universidad Francisco Marroquín  y la  Dirección de Incidencia Pública (DIP) de la Universidad Rafael Landívar.

También opinan la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Movimiento Semilla, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y el Comité de Unidad Campesina (CUC).

  • IPNUSAC

Podemos caracterizar la situación en materia de seguridad como inercial. No se ha producido ningún planteamiento de carácter estratégico ni, en consecuencia, alguna acción que marque un cambio de rumbo sustantivo de la herencia recibida de la gestión de Mauricio López Bonilla y la sucesora de éste, Eunice Mendizábal.

Da la impresión que al ministro Francisco Rivas le ha costado construir un equipo de su confianza en la cartera, y los pocos logros que pueden mencionarse (el esclarecimiento del atentado con bomba en San José Pinula, por ejemplo) descansan más en los adecuados niveles de coordinación entre la PNC y el Ministerio Público, que son anteriores al nuevo gobierno.

En términos de resultados medibles, los primeros tres meses del año no reportan una mejora sustantiva en indicadores críticos, como el número de homicidios. Lo que se mantiene es una tendencia que viene de años atrás y la cual es atribuible, precisamente a la acción coordinada entre PNC y MP. Este resultado, que es positivo, sugiere que si se reforzaran los mecanismos de investigación criminal y las acciones preventivas, podrían obtenerse reducciones mayores en el área sensible de las muertes violentas.

En la gráfica a continuación se ve esa tendencia y lo positivo es que, de mantenerse la tendencia observada en el primer trimestre del año (cuando hubo 1,374 homicidios), podríamos cerrar el año con 5,496 casos. El problema, como dije, es que siguen siendo resultados inerciales, positivos pero inerciales y lo que se esperaría del Mingob es un planteamiento estratégico que, partiendo de lo ya logrado, apunte a resultados más sensibles para una población que sigue agobiada por la violencia y la criminalidad.

La misma inercia puede plantearse en relación a otras áreas, entre ellas el sistema penitenciario, donde no se pasa del diagnóstico conocido sobre el hacinamiento y sus causas. O la PNC, en relación a la cual, al parecer, se abandonó el proyecto de la reforma que venía de los dos gobiernos anteriores: lo que se esperaría es que se reoriente la reforma, con énfasis en la depuración y la profesionalización de la Policía. Pero, en lugar de eso, hay silencio y abandono.

Es mala señal. Otro tanto pasa con la suerte que tendrá la fallida Dirección General de Investigación Criminal, creada por ley pero condenada a la inexistencia de hecho. No debería prolongarse mucho tiempo la indefinición.

  • Cristian Álvarez, analista de CADEP - UFM

La violencia seguirá su lento descenso, pero de nuevo será el factor que más preocupa a los ciudadanos.

Si no hay más asignación presupuestaria a la policía, MP y la justicia, no podemos ver resultados diferentes.  Y el nuevo gobierno no ha solicitado aumentos presupuestarios para seguridad, sigue confiando en la Cicig.

En este aspecto vamos por buen camino, pues la policía se depura, la corrupción está amenazada, nombres tradicionales (Mendoza y Lorenzana) están presos, pero las cárceles no funcionan, sigue siendo lento el MP para crímenes menores, los juzgados están sobre cargados de trabajo, lo que hace ver que cambia para bien, pero muy lento.

  • Víctor Gálvez, director de Incidencia Pública URL

Al entrar en temas sectoriales –como la salud, la seguridad y la educación–, se encuentran problemas graves, muchos de los cuales son de arrastre. Es decir, no se originan en esta administración (ni en las dos anteriores) sino que son heredados y su complejidad ha ido en crecimiento, al igual que la magnitud y dificultad de su solución. Aunque sea difícil colocar un año preciso de inicio d este cumulo de problemas, es posible señalarles un momento de inflexión, en el que se deterioró la situación, dentro de una espiral semejante a una “carrera sin retorno”. 

Este momento es el que siguió a la suscripción de los acuerdos de paz y a las primeras administraciones subsiguientes. El año 2000 se convirtió así, en un emblemático “parteaguas” para los problemas de seguridad y por extensión, de salud y educación. Ello se debió a una acumulación de problemas contextuales (el crecimiento de cuerpos clandestinos reciclados del enfrentamiento armado, el incremento del narcotráfico y del crimen organizado en la región, que al principio no se percibía como un “peligro” sino hasta como una “inyección“ monetaria en la economía y eventual “fuente” de empleo). A ello se añadieron las pandillas y “maras” (que también fueron vistas como expresiones de rebeldía y de crítica ideológica antes de pasar a ser funcionales a las estructuras criminales y luego, autonomizarse de ellas).

La ausencia de un enfoque que percibiera los acuerdos de paz como un punto de partida para continuar los compromisos y desenvolverlos a través de nuevos arreglos, alianzas y estrategias compartidas, en vez de un listado exhaustivo de “obligaciones abstractas e irrealizables” y de una estrategia de “cambio para que todo siga siendo igual”, cercenó las posibilidades de avanzar y preparar las condiciones que hubieran permitido hacer de la paz, algo práctico y útil para el cambio real y no solo semántico e ilusorio. Así, se perdieron las oportunidades para un nuevo enfoque educativo y un nuevo modelo de salud, que exigían un Estado diferente y renovado. La lógica del “todo o nada” impidió acercamientos, alianzas y nuevos acuerdos para continuar y desenvolver los compromisos de la paz. Como resultado: se despilfarró la paz como dijo un investigador jesuita.

En un contexto como el anterior, se empezaron a acumular los déficits y las insuficiencias de los sistemas educativo y de salud, mientras crecía la criminalidad, la inseguridad ciudadana, las policías particulares, los guardaespaldas y las extorsiones. Así las cosas, a la administración actual le corresponde no “resolver lo imposible” (que otros gobiernos acumulativamente tampoco han logrado), sino enviar mensajes claros y ciertos sobre los enfoques y las políticas que con los que abordará estos gravísimos problemas, para devolver la esperanza y la credibilidad de una ciudadanía desencantada e incrédula. Este es un punto esperado y posible en los 100 primero días. Pero se requiere capacidad para elaborar y trasladar los mensajes a la ciudadanía.

  • Asíes

La seguridad es un tema complejo y sensible para el que un período de 100 días es muy reducido. Por ello no es posible hacer una evaluación objetiva sobre los avances o variación de la difícil situación que encontró el Gobierno el 14 de enero.

Lo que sí debe destacarse es que se ha confirmado que los antecedentes del Ministro de Gobernación  y las funciones que desarrolló en el Ministerio Público han permitido fortalecer y consolidar la investigación de hechos delictivos.  Se aprecia la capacidad investigadora que las actuales autoridades han incorporado a las fuerzas de seguridad y entidades de investigación; sin embargo es importante que se desarrollen y se den a conocer planes en materia preventiva.  

El lanzamiento la próxima semana de la Política Criminológica presenta una oportunidad para el Gobierno para lograr su efectiva implementación y con ello mejorar la situación de inseguridad que vive el país.

  • Elena Díez y Juan Alberto Fuentes Knight, del Movimiento Semilla

Caracterizado por claroscuros. Las autoridades del ministerio de Gobernación, al venir del MP, dieron una señal positiva. Lamentablemente la intervención del Ejército, con la creación de un destacamento en San Pedro Ayampuc, plantea el peligro que el Ejército se vuelva protagonista central en materia de seguridad ciudadana, que es algo que no le corresponde.

  • José González - Campo, presidente de Cacif

Esta es un área que siempre puede mejorarse. La protección de la vida y de la propiedad de los guatemaltecos es un reto permanente para todos los sectores.

Vemos acciones importantes en la desarticulación de redes de extorsionistas, pero aún no es suficiente y deben hacerse los mayores esfuerzos para que el ciudadano común y corriente pueda retornar tranquilo y seguro a su casa cada noche. Este es otro elemento fundamental para atraer la inversión y el empleo.

  • Daniel Pascual y Aracely Saucedo, dirigentes del CUC

La violencia está igual o peor, esa es la percepción, al igual que los asaltos. No ha habido ningún avance tampoco. El señor Jimmy Morales engañó al pueblo en su discurso, porque en realidad no ha habido avance.