Pese a la presión ejercida por lo jóvenes que entraron al Congreso, los parlamentarios decidieron enviar a una comisión de trabajo la iniciativa para evitar su aprobación inmediata.

La diputada Alejandra Carrillo, exdirectora del Consejo Nacional de la Juventud, propuso una moción privilegiada para enviar la iniciativa a una sala de trabajo. Esto desencadenó una serie de críticas de algunos parlamentarios quienes sí apoyaban la aprobación de la iniciativa.

Sin embargo, en la votación de la moción, 123 congresistas decidieron que la iniciativa debía regresar a la Comisión y dieron un plazo no fijo de 30 días para ser analizada y de nuevo sometida al Pleno.

Polémica

El pasado lunes la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) —máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país— emitió un comunicado firmado por su presidente Rodolfo Valenzuela, Obispo de la Diócesis de la Verapaz, donde expresa su postura sobre la iniciativa.

El documento afirma que el artículo 10 de la iniciativa contraviene los Derechos Fundamentales y la Constitución, argumenta que en países donde está despenalizado el aborto, este es considerado como “un método anticonceptivo moderno”, lo que vulnera la protección de la vida del no nacido.

Afirma que la iniciativa “expone a la juventud a graves riesgos físicos y psicológicos, morales y espirituales, pues alimenta el libertinaje sexual, la violencia contra la mujer, la irresponsabilidad y el contagio de enfermedades de transmisión sexual que no son prevenidas totalmente con el uso de preservativos o anticonceptivos”.

María Luisa Méndez, presidenta de la Asociación Paz Joven Guatemala, mostró una postura distinta a la de la Iglesia Católica, y afirmó que la polémica se debe al desconocimiento porque no se promueve el aborto.

“El deseo de promover una iniciativa de ley de la juventud, representa la posibilidad de legislar y priorizar a favor del grupo poblacional más grande, en otras palabras, legislar para la juventud es legislar para todas y todos”, afirma Méndez.

En cuanto a los artículos que han causado controversia “es por desconocimiento, desinformación y mala interpretación de sectores de poder a lo interno del congreso y a nivel social, en ningún momento se promueve el aborto o el matrimonio igualitario”, explica la presidenta de la asociación.

Mientras que Abner Paredes, defensor de la Juventud de la PDH, afirmó que el afán de la ley de la Juventud es reconocer derechos y dentro de ese marco los derechos sexuales y reproductivos que han sido plasmados en algunos artículos que aún se deben discutir en el Congreso.