La unidad de datos de Prensa Libre analizó el comportamiento de los 16 bloques legislativos durante el 2016 y 2017 utilizando los registros de votación en los 66 decretos aprobados durante ese tiempo y que son públicos en la página web del Congreso.
El análisis de los primeros dos años de producción legislativa de este Congreso evidencia que fue más difícil alcanzar acuerdos en el presente año, excepto cuando se trató de blindar a los secretarios generales de los partidos políticos y reducir las penas por delitos electorales en el Código Penal, lo que se denominó Pacto de Corruptos.
En mayo de este año ocurrió el estancamiento de las reformas constitucionales al Sector Justicia y, aunque se recuperó la discusión para reformar la Ley Electoral, tampoco se logró un acuerdo.
Lo aprobado
En dos años, la producción de normas se enfocó más en el área de justicia y seguridad, con 13 decretos, le sigue la agenda social con 12, aunque algunos de estos no implican un impacto general en la situación del país, pues se trata de establecer días de celebración y ayuda a fundaciones específicas.
Los temas económicos representaron 11 decretos, entre los que hay de interés empresarial, como la exoneración de impuesto al valor agregado a importaciones de bienes y suministros de Estados Unidos, reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo de Maquila y acuerdos comerciales con países como Turquía, Trinidad y Tobago y una enmienda al Convenio con el Fondo Monetario Internacional.
Las reformas políticas tuvieron siete acuerdos, entre ellos la de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el protocolo al Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial a la Corte Internacional de Justicia. Mientras que las reformas administrativas alcanzaron seis.
En la lista siguen cinco decretos aprobados para temas de finanzas e igual número para temas de medio ambiente, la cultura y la migración fueron los menos favorecidos con cuatro y tres leyes respectivamente.
La gestión parlamentaria del 2017 finalizó con 15 decretos aprobados. Entre los más destacados están las reformas al Código Civil, con el que se impide el matrimonio con menores de 18 años; el retiro voluntario de los trabajadores del Congreso y también se hicieron reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil.
Mientras, en el 2016 fueron 51 las leyes aprobadas, entre las que se cuentan las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo y la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. Además se aprobó la Ley de Bienestar Animal.
Influencia de presidentes
Las alianzas entre la bancada oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN—Nación), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Todos, Movimiento Reformador (MR), Alianza Ciudadana (AC) y otros bloques, fueron más sólidas el año pasado, durante la presidencia de Mario Taracena, de la UNE.
En el caso de Todos, su respaldo al oficialismo fue más evidente en el 2016, mientras que sus votos se dividieron este año. El cambio en la producción legislativa de 2017 frente a la del año pasado, se explica en parte por la pérdida de inercia en la lucha anticorrupción del 2015, apunta el analista independiente Luis Fernando Mack.
“En este momento estamos en un empate. Desde el Congreso se logró frenar las reformas constitucionales al sector Justicia y se atrasó el avance de cambios a la Ley Electoral, pero por otro lado, se evitó el Pacto de Corruptos de septiembre y el bolsón de recursos que se intentó pasar en el proyecto de Presupuesto” señala el politólogo.
La aprobación de algunos decretos claves respondió a los acuerdos bajo la presidencia de Taracena. Pese a esto, Mack resalta que no hay que olvidar que la UNE votó alineada por la frustrada reforma al Código Penal para blindar a los secretarios generales de los partidos impulsada por FCN-Nación.
