Política

Congreso, obligado por la CC, para legislar sobre consulta comunitaria

Desde hace casi 12 años el Congreso tiene en sus manos resolver los conflictos que ha generado la falta de un instrumento para reglamentar las consultas populares de los pueblos indígenas a través de la elaboración de un decreto; sin embargo, no fue sino hasta que la Corte de Constitucionalidad (CC) lo emplazó que se delegó a tres comisiones para  buscar una solución.

Por Jessica Gramajo / Guatemala

Tres comisiones de trabajo del Congreso tienen en sus manos el futuro de las consultas populares. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL) 
Tres comisiones de trabajo del Congreso tienen en sus manos el futuro de las consultas populares. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL) 

Hace 20 años Guatemala ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece que los países miembros deben  establecer las medidas necesarias para que los pueblos originarios emitan opinión sobre varios temas, entre ellos la explotación de los recursos naturales.

Pero el tema se volvió crítico esta semana, luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendió las operaciones de la mina San Rafael, con el argumento de que no se realizó dicha consulta.

El fallo trajo consigo protestas de todo tipo desde el sector empresarial, y el propio presidente Jimmy Morales se mostró contrario a la suspensión.

Sin solución

El país no ha dado una solución,  se ha buscado varias, incluso al Congreso ingresaron tres normativas que pretenden dar certeza jurídica a los pueblos indígenas acerca de la realización de las consultas. Ninguna ha tenido éxito, incluso, una de ellas ni siquiera fue dictaminada por la Comisión de Pueblos Indígenas.

En el 2015 la Comisión de Asuntos Electorales incluyó en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos una propuesta para legitimar las consultas, pero tuvo mucha oposición, principalmente por  diputados relacionados con el sector empresarial. Finalmente no avanzó.

Ahora los diputados se han visto obligados a buscar una solución al problema, luego de  que en una resolución de la CC se les conminó  a decretar al respecto.

De acuerdo con la Dirección Legislativa, el 14 de junio último se envió la resolución de la CC a las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, a la de Asuntos Electorales y a la de Pueblos Indígenas para que determinen el camino a seguir. Empero, ninguna de las tres se ha reunido para definir la estrategia a seguir.

Óscar Argueta, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, explicó que después de que recibieron la notificación un equipo técnico inició un análisis de documentos para identificar el papel que como sala legislativa deberán efectuar.

No obstante, aclaró que en el actual anteproyecto para reformar la Ley Electoral  se encuentra un apartado que busca regular las consultas populares, pero no se habla de manera específica de los pueblos indígenas.

Luego del análisis que efectúen sus expertos legales, dijo, definirán si a la propuesta actual de reforma política le hace falta algún aspecto para incluirlo y así cumplir con el requerimiento, para el que tienen hasta junio de 2018.

Cornelio García, presidente de la Comisión de Legislación, reconoció que no ha analizado qué hará, pero indicó que tiene instalada una mesa técnica con diferentes sectores a quienes les planteará  buscar una solución.

El jefe de la Comisión de Pueblos Indígenas, Leocadio Juracán, dijo que sus asesores analizan la resolución de la CC, pero será hasta la última semana de este mes cuando se reúna con los integrantes de esa sala para plantearles el problema.

Ninguno de los tres presidentes saben a ciencia cierta si unirán esfuerzos para lograr una sola iniciativa.

Una cuarta comisión podría sumarse, ya que según Amílcar Pop, de Probidad, retomará la iniciativa presentada en el 2009 para que en una mesa técnica con pueblos indígenas pueda establecer enmiendas a la propuesta y apresurar una decisión.