En el artículo 23 del Pacto Colectivo de condiciones de Trabajo del Congreso se establece un incremento salarial anual de 10 por ciento, “calculado con relación al salario base de cada trabajador”. Esto, según la CGC, habría costado Q7 millones 20 mil, pero se pagaron Q23 millones 400 mil, es decir, una diferencia de Q16 millones 379 mil 819.
Mario Taracena, presidente del Congreso, explicó que ese hallazgo fue para la directiva del año pasado, aunque reconoció que el cálculo no ha sido solo un error de esa instancia, sino que se ha cometido durante “al menos cuatro años”.
“Por costumbre”
Carlos Barreda, primer secretario del Legislativo, encargado de la relación con los sindicatos, explicó que a pesar de que el Pacto es claro y dice que el aumento es sobre el salario base, desde 2005 se ha pagado con error.
“Se va a tener que corregir. En 16 años el Congreso no había tenido ningún hallazgo de la Contraloría por diversas causas, como componendas políticas. Al final, esto nos da una agenda de trabajo para corregir los aspectos administrativos que se estaban haciendo mal”, dijo Barreda.
Óscar Salic, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor), justificó que el incremento se se ha hecho al salario total, “respetando los convenios internacionales firmados por el país”, referente a la unificación salarial.
El sindicalista recordó que en el inciso b) del artículo 170 de la Constitución se protegen las ventajas laborales que los empleados del Congreso hayan recibido por ley “o por costumbre”; sin embargo afirmó que están anuentes a negociar.
Barreda señaló que incluso están dispuestos a consultar a la Corte de Constitucionalidad para determinar la legalidad del incremento.
Taracena, por su parte, resaltó que “el error no es fuente de derecho”.
En su momento, la Procuraduría General de la Nación emitió una opinión en la que resaltó que el pago se calculaba de manera errónea.
Más hallazgos
El incremento salarial es uno de los 19 hallazgos de la CGC. También se detectaron compras fraccionadas y la contratación de personal que desempeñaba un cargo en otra institución del Estado que le impedía, por tiempo, trabajar en el Legislativo.
contrataciones
Hubo empleados que fueron contratados en el Congreso sin contar con la cláusula relativa a la prohibición de cohecho.
Entre esos trabajadores se encuentra Élmer Erasmo Beltetón Morales, exasesor de Roxana Baldetti y ahora registrador de la Propiedad; Leonel Eduardo Baides Paz, excandidato a diputado por el partido Mi PaísY y Óscar Manuel Cal Lem, hermano del diputado Óscar Manuel Cal Lem, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, explicó que en este momento los diputados, empleados del Congreso o exdirectivos de ese organismo están en proceso de desvanecer los hallazgos.
Cada uno tiene la oportunidad de presentar pruebas de descargo y luego se determinará si procede eliminarlos o emitir sanciones al respecto, explicó Mencos.
Se corregirán errores
“Tenemos que salir del personal sobrepreciado. Tan corrupto es el funcionario que roba como el trabajador que cobra sin merecerlo”, manifestó el presidente del Congreso, Mario Taracena.
Agregó que después de conocer los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, la Directiva decidió ayer que se corregirá y que se pagará sobre el salario base, para empezar, pero recordó que también se acordó comenzar un proceso de denuncia del pacto colectivo y de lesividad, luego de que el sindicato mayoritario decidió retirarse de la mesa de discusión.
“Sabemos que la Constitución defiende los logros de los trabajadores del Congreso hasta por costumbre, pero el error no es fuente de derecho y vamos a buscar corregir esos errores que en nada le favorecen al país”, manifestó.
Agregó: “En el Congreso ha habido muchos abusos, se alquiló un equipo de sonido en el hemiciclo por el que se pagaban Q30 mil mensuales, nosotros —la Directiva— compramos un equipo nuevo y moderno por Q70 mil, nos ahorramos mucho dinero”.
otros reparos
- En 16 años, el Congreso no tuvo hallazgos, lo cual se atribuye a componendas políticas. Sin embargo, salen a luz otras irregularidades.
- No cuadran. En el balance general se determinó que varios saldos no concuerdan.
- Compra fraccionada. Se adquirieron 10 computadoras portátiles por Q107 mil cien —sin IVA—; se hizo en dos pagos iguales.
- Incumplen cláusula de cohecho. Se suscribieron 183 contratos por Q19 millones, por servicios profesionales y técnicos, en los que se obvió la cláusula relativa al cohecho.
- Se compró o contrataron servicios por Q6 millones sin hacerse licitación en Guatecompras; entre ellos, el seguro para los diputados con Seguros G&T, la adquisición de zapatos de futbol y la compra de computadoras.
- 42 trabajadores del Congreso salieron del país sin tener nombramiento o autorización del Legislativo para ausentarse de sus labores, pero aún así se les pagó sueldo.
