Política

Magistrado Douglas Charchal enfrentará a la justicia

Sin discusión y de manera unánime, los 136 diputados que acudieron ayer a la sesión permanente votaron por retirarle la inmunidad a Douglas Charchal, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quien se le señala de tráfico de influencias en el caso TCQ.

Por Jessica Gramajo

En el Congreso 136 diputados votaron a favor de retirar el derecho de antejuicio al magistrado Douglas Charchal. (Foto Prensa Libre: Ercik Ávila)
En el Congreso 136 diputados votaron a favor de retirar el derecho de antejuicio al magistrado Douglas Charchal. (Foto Prensa Libre: Ercik Ávila)

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el 15 de abril último el retiro de la inmunidad al magistrado Charchal, luego de que en sus investigaciones identificaron vínculos en el proceso de negociación del usufructo oneroso a favor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), contrato que se habría obtenido a base de sobornos.

Según Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y ahora colaborador eficaz del MP, Charchal se encargó de influir en la resolución de un amparo interpuesto en un juzgado de Escuintla, en el que el Concejo de Puerto San José exigía el pago de Q24 millones por las licencias de construcción de la terminal.

La denuncia del MP y de la Cicig establece que el magistrado utilizó sus influencias sobre personas conocidas para que el caso de las licencias de construcción fuera resuelto a favor de TCQ, y así contribuir con el usufructo que se investiga.

La decisión del Congreso se sustentó en la resolución 1-2016, que entró en vigor de manera inmediata, en la que se hace constar que las dos terceras partes de los diputados declararon con lugar las diligencias de antejuicio promovidas contra el magistrado.

Aunque ningún legislador votó en contra, 18 congresistas se ausentaron de la sesión y cuatro más obtuvieron permiso para no acudir. De los ausentes, Armando Chun y Fidel Reyes, de la Unidad Nacional de la Esperanza; Juan José Porras, de Visión con Valores; y Óscar Quintanilla, de Alianza Ciudadana, apoyaron para que Charchal llegara a la magistratura el 25 de septiembre del 2014.

Ven indicios

Diputados de diferentes bancadas justificaron su voto, con el argumento de que el informe circunstanciado de la comisión pesquisidora y el expediente que envió el MP y la Cicig contienen suficientes indicios para que Charchal resuelva su situación en tribunales.

“Creemos que hay indicios que corroboran algún tipo de vinculación del magistrado, y creemos que lo más sano es que él dilucide su situación ante un juez. Lo más importante es que no haya ningún tipo de especulaciones o malas interpretaciones, en especial porque este Congreso no fue el que eligió esta CSJ”, dijo Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Eduardo Zachrisson, congresista del Partido de Avanzada Nacional, manifestó que en el expediente del MP y de la pesquisidora “se deduce que hay una posibilidad de que el magistrado puede estar involucrado en los hechos que se le enmarcan”.

Luego añadió: “Nosotros —los diputados— no lo estamos juzgando, ni mucho menos; solo estamos diciendo que hay suficientes indicios para que se le quite el antejuicio y se someta a los tribunales”.

Para varios congresistas, renunciar al cargo de magistrado será una decisión de Charchal. Algunos consideraron suficiente el hecho de que haya pedido permiso ausentarse de su cargo en lo que resuelve su situación legal, aunque la CSJ todavía analiza si se le autoriza la licencia.

Juan Quiroa, abogado del magistrado, indicó que no ven “ningún problema” con la decisión del Congreso.

El abogado añadió que le gustaría saber a qué indicios se refieren los diputados. “Puede haber cien o mil indicios, pero hay que individualizarlos. Yo no he leído el informe circunstanciado —de la comisión pesquisidora—; no sé qué análisis hicieron”, dijo.

No puede salir

Horas después de que el Congreso le retiró la inmunidad al magistrado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, en conjunto con la Cicig, solicitaron al Juzgado de Mayor Riesgo B que se arraigara a Charchal.

Más tarde, la Cicig publicó en su cuenta de Twitter que el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó la medida “como medida precautoria para garantizar su presencia en el país”. La autorización del arraigo, que deberá ser notificado a Migración, fue confirmada por el MP.

“Nos vamos a presentar voluntariamente al proceso en el momento en que el MP solicite la primera declaración; no hay necesidad de órdenes de captura, porque su dirección es plenamente conocida y se sabe dónde es que él —Charchal— está. Además, me ha manifestado que no tiene ninguna objeción para aclarar su situación”, dijo el abogado del magistrado.

CC le da la espalda

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió ayer, por unanimidad, denegar el amparo provisional solicitado por el magistrado Douglas Charchal, pues no ve aconsejable brindarle la protección constitucional.

Charchal accionó contra la CSJ por haber remitido el antejuicio al Congreso, pues adujo que se incumplió con el debido proceso.

Lo que viene

El Congreso deberá enviar de inmediato el expediente a la CSJ, para que lo remita al juzgado que conoce el caso, el cual debe dirigir la investigación, ya que la resolución es inmediata.

El MP podrá solicitar allanamientos en la vivienda u oficinas del magistrado, con el fin de buscar pruebas.

Podría citarse a Charchal al juzgado contralor o bien girar una orden de aprehensión, si el juez considera que hay riesgo de que pueda huir.

Se podrán solicitar intervenciones de las conversaciones que Charchal sostenga vía telefónica.

¿Quién es Charchal?

Fue electo en el 2014  magistrado de la CSJ. Es vocal quinto de la CSJ. Fue magistrado titular de Sala de la Corte de Apelaciones y de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo.

Director y propietario del despacho jurídico Douglas Charchal Ramos y Asociados. Durante nueve años fue asesor  de la Empresa Portuaria Quetzal, en Escuintla. También fue gerente de asuntos jurídicos de Fonapaz.

*Con aportes de Claudia Palma y Byron Vásquez