La nueva medida en el Congreso surge luego que se descubrieran plazas fantasma por medio de las que se contrataron irregularmente a personas que no llegaban a trabajar.

Con la nueva medida, la Comisión Permanente espera tener un mejor control de la asistencia del personal del Congreso, y detectar cualquier irregularidad que pueda estar vinculada a plazas fantasma.

El Congreso tiene contratados a mil 442 empleados en el renglón 0-22, pero solo los administrativos marcarán su asistencia. Usarán un tarjetón y al pasarlo por una máquina quedará registrada la presencia a la sede del Legislativo. 

La Comisión Permanente determinó que los tres empelados a los que tiene derecho un diputado  —asesor, secretaria y asistente—, no tendrán necesidad de marcar asistencia. Pero cada fin de mes presentarán un informe de labores firmado por el legislador. 

El martes último fueron condenados a prisión los exempleados del Congreso, José Estuardo Blanco Aguilar y Claudia María Bolaños Morales, a quienes se les comprobó que participaron es la suscripción de contratos laborales con el Congreso de manera irregular, estructura que según la investigación del Ministerio Público (MP), dirigió el expresidente del Parlamento, Pedro Muadi.

Detectan estructura 

Por otro caso de Plazas Fantasma,  los exparlamentarios Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Édgar Romeo Cristiani Calderón, Carlos Humberto Herrera Quezada, así como José Luis Mijangos Contreras, ex gerente general del Congreso, están ligados a proceso penal por supuestamente haber incrementado la nómina de ese organismo con la contratación de personal innecesario.

El MP ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar el derecho de antejuicio a los diputados Manuel Marcelino García Chutá, Arístides Crespo, Luis Rabbé, Carlos López y César Fajardo por estar vinculados al caso.

Selvin García y Julio César Villatoro renunciaron a su curul en el Congreso, pero la solicitud del retiro del antejuicio continúa su trámite en la CSJ.

Según las investigaciones, la nómina de personal contratado bajo irregularidades por estos exdiputados y diputados, incluyó a maestros, profesionales, bachilleres, secretarias bilingües y hasta un panadero, pero ninguno llegó a trabajar en el Congreso, aunque tenían salarios de entre  Q8mil  a Q20 mil.