De acuerdo al Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), para este año son más de Q800 mil en arrendamiento, impresiones, servicios básicos, mantenimiento, entre otros renglones de funcionamiento, que tiene presupuestado la Copret, una entidad que desde el 2015 dejó de hacer muchas de las funciones para las que fue creada.

Del presupuesto asignado para 2017, la Copret destina el 80 por ciento —Q4 millones— para el pago de salarios dejados de percibir e indemnizaciones, luego de que extrabajadores presentaron demandas por su destitución.

El resto es para los sueldos de los 19 trabajadores y el funcionamiento.

La Alianza Nacional por la Transparencia, en la que participan distintos actores —Vicepresidencia, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos, y Acción Ciudadana— mantiene en análisis esos escenarios.

Queda inactiva

Félix Mencos, jefe de la Copret, que asumió en mayo del 2016, reconoció que la credibilidad de la entidad fue socavada después de los acontecimientos del 2015, en referencia a varios casos de corrupción en los que, entre otros exfuncionarios, resultó implicada Baldetti.

La parte de gobierno electrónico le fue “anclada” a la Presidencia, comentó Mencos, con el fin de que esa iniciativa no se estancara con la paralización de la Copret.

“El país como tal tiene una serie de convenios firmados con la Organización de los Estados Americanos, Naciones Unidas, y otros, como el gobierno abierto y el gobierno electrónico. Tiene una serie de cosas que no se pueden parar, y por eso es que ahorita se está definiendo esto: que se llame Copret, que se le cambie nombre o un nuevo ente, hay que darle seguimiento a estos convenios”, indicó el funcionario.

Antes del 2018

Lo más probable es que esa comisión no desaparezca, y sea transformada en forma y fondo, pero cualquier decisión que tomen las máximas autoridades debe concretarse en el transcurso de este o el próximo año, para formalizar sus nuevas funciones.

“Primero era ordenar y limpiar la casa, y después, si ya se toma la decisión al más alto nivel, que sería el señor presidente —Jimmy Morales— o vicepresidente —Jafeth Cabrera—, entonces ya estamos listos”, explicó Mencos.

La decisión que Morales o Cabrera tomen, después del análisis técnico en el seno de la Alianza Nacional por la Transparencia, podría hacerse este año, añadió, debido a que el acuerdo gubernativo que dio vida a la Copret tiene vigencia limitada.

Se trata del acuerdo gubernativo 360-2012, emitido en diciembre de ese año, y con plazo de seis años, es decir, hasta diciembre del 2018.

“Estamos en proceso de rehabilitar la página web de la institución y tener la oficina de Acceso a la Información”, dijo el jefe de la Comisión.

Empleados destituidos reclaman pago

De acuerdo a trabajadores de la Copret, hay 24 o 25 demandas contra el Estado por parte de quienes  fueron removidos de sus cargos, entre personal presupuestado y por contrato, que reclaman daños y perjuicios.

Son Q4 millones los que se tienen estimados para cubrir esas demandas, pero no se puede precisar el monto exacto mientras no haya una sentencia.

Las demandas son por salarios dejados de percibir e indemnizaciones, por lo que el monto puede ser tan alto como Q4 millones.

Varias de las funciones de la Copret que establece su acuerdo de creación están detenidas desde el 2015, como “apoyar en la atención y orientación al ciudadano en temas de transparencia, promover y fomentar su participación”.