El artículo 164, inciso b), de la Constitución Política, señala que no pueden ser legisladores los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio, sus fiadores y los que de resultas de tales obras o empresas tengan pendientes reclamaciones de interés propio.

Los 10 diputados que no fueron excluidos por el TSE son Julio Antonio Juárez Ramírez, Luis Antonio Alonzo Pernilla, Víctor Manuel Cruz Clavería, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, Alsíder Antonio Arias Rodríguez, Milton Francisco Guerra Calderón, Édgar Tomás Córdova Molina, Pedro Méndez Carreto, Héctor Melvyn Caná Rivera y Sergio Leonel Celis Navas.

Los nombres de los 10 parlamentarios aparecen en los registros de Guatecompras, página electrónica de contrataciones del Estado, y en algunos casos en el Registro Mercantil.

A eso se suma la queja de Jaime Cáceres, diputado electo, quien fue excluido por el TSE al haberlo señalado de ser contratista del Estado.

Cáceres manifestó que los magistrados no emplearon el mismo criterio con los demás diputados electos que son contratistas.

Sin filtro

Pedro Cruz, de la agrupación Primero Guatemala, indicó que el TSE debe seguir fortaleciéndose, sobre todo en el proceso previo a la inscripción de los candidatos. La depuración se pudo haber hecho mejor si el Registro de Ciudadanos tuviera mecanismos adecuados para manejo de información sobre la actuación de contratistas y administradores públicos.

“Que faltan más diputados, por supuesto que faltan. Solo nosotros presentamos un listado de 11, y estoy seguro de que hay más. Sin embargo, el pleno de magistrados ha dejado un precedente importante el cual, con el acompañamiento de la ciudadanía, debería ser mucho mayor en las próximas elecciones, sobre todo tomando en cuenta que el proceso sería manejado por los mismos magistrados”, explicó Cruz.

El dirigente social considera que el TSE actuó de última hora y que pudo haber dejado más diputados fuera. Sin embargo, antes que los magistrados está el Registro de Ciudadanos, que pudo haber hecho una mejor labor.

El politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) Rubén Hidalgo señaló que esa es una debilidad o deficiencia que en su momento no fue superada, y coincide con Cruz en que la depuración pudo haberse hecho durante la inscripción de los candidatos.

“La exclusión fue una decisión del TSE un tanto sujeta a discrecionalidad. Por esa razón, ahora se hace necesario que los magistrados o el TSE informen por qué en algunos casos se consideró que estas personas no tenían problemas para asumir sus cargos”, indicó.

El profesional añadió que esas dudas el máximo tribunal electoral debe disiparlas con la presentación de las pruebas que sustentan su decisión.

“Se debe salvar la institucionalidad del ente electoral”, puntualizó Hidalgo.