El Congreso, compuesto por 158 diputados, está presidido desde el pasado 14 de enero por Mario Taracena, de la formación política Unidad Nacional de la Esperanza  (UNE), quien resultó electo para el período 2016-2017.

UNE perdió las elecciones el pasado mes de octubre, con su candidata la exprimera dama Sandra Torres, frente al oficialista Frente de Convergencia Nacional  (FCN-Nación), que llevó al poder a Jimmy Morales para un período de cuatro años  (2016-2020).

A pocos días de que se cumpla un mes de esta nueva junta directiva en el Congreso, los parlamentarios han aprobado ya 17 decretos, la misma cantidad a la que se le dio el visto bueno durante toda la legislatura pasada, en la que el presidente era Luis Rabbé.

Una de las actuaciones de Taracena que más controversia y polémica provocó fue la publicación de los salarios de algunos trabajadores del Congreso. Un listado en el que se observa que, por ejemplo, algunos conserjes cobraban más de Q20 mil —más de US$2 mil 600— por sus servicios.

“Vamos a apoyar los procesos más abiertos y más transparentes” , manifestó Robinson sin hacer ninguna referencia explícita, aunque reiterando en repetidas ocasiones que la sociedad guatemalteca ha expresado su deseo de “cambiar la dinámica del país”  y volverlo “más abierto y más transparente”  con “funcionarios de alta calidad” .

Para ello, abundó, es necesario luchar contra “los intereses oscuros que quieren que el país no cambie”.

Según medios locales, la Asociación Hoy por Guatemala, presentó el pasado martes una iniciativa en el Congreso para aplicar la pena de muerte a quienes hayan cometido el delito de sicariato, algo que el embajador estadounidense calificó como un “debate”  interno de la sociedad.

“Es una decisión doméstica de la sociedad guatemalteca”, se limitó a opinar Robinson, aunque sí aseguró que seguirán escuchando las diversas opiniones que suscita el tema.

La pena de muerte está establecida en la ley guatemalteca pero no ha sido aplicada desde 2000, cuando fueron ejecutados dos secuestradores mediante inyección letal.

La nación centroamericana es una de las cinco más violentas del mundo, con alrededor de 6.000 homicidios anuales. América cuenta con 15 países con la pena de muerte vigente, pero que no han ejecutado a ninguna persona desde 2008.

Entre ellos se encuentra Guatemala, además de Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Belice, Barbados, Bahamas, Trinidad y Tobago, Guyana, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Granada.