Política

Estado podría seguir infiltrado por los narcos

No hay ninguna garantía de que el narcotráfico ya no esté infiltrado en las altas esferas del Estado, como ocurrió con el gobierno del Partido Patriota, coinciden analistas en seguridad y justicia, después de las solicitudes de extradición en contra de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla.

Por Geovanni Contreras

Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla, exfuncionarios del Partido Patriota, recibieron dinero a cambio de favorecer al narcotráfico desde sus posiciones, según EE. UU. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla, exfuncionarios del Partido Patriota, recibieron dinero a cambio de favorecer al narcotráfico desde sus posiciones, según EE. UU. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Para los expertos, ellos dos son las máximas pruebas de un secreto a voces no solo del gobierno en el que fueron funcionarios, sino de lo que pudo haber ocurrido en algunas administraciones anteriores.

Tampoco existe alguien que pueda garantizar que no se protege a los carteles, aunque sí hay cierta credibilidad en el actual ministro de Gobernación, Francisco Rivas.

¿Hasta dónde pueden los guatemaltecos estar seguros de que el narcotráfico ya no está infiltrado en las altas esferas del Estado? “Esa es una pregunta muy difícil, pero muy lógica y muy guatemalteca, porque la desconfianza siempre estuvo”, comentó Édgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.

Indicó que el trámite de las solicitudes de extradición confirma el escepticismo y desconfianza que los guatemaltecos han tenido durante mucho tiempo, y que no se ha visto, antes y después de estos hechos, una acción enérgica de depuración de las fuerzas de seguridad.

“No hay ninguna garantía, estamos en manos de la discrecionalidad de las acciones de los funcionarios que están acostumbrados a no rendir cuentas”, añadió Celada.

Infiltración más allá

Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), aseguró que si bien hubo infiltración en el Ministerio de Gobernación, con López Bonilla, hay tentáculos del narcotráfico más allá de esa cartera.

“Vemos en las cortes, en gente que no está en el Estado pero tiene muchas influencias en otros sectores poderosos. Entonces es muy difícil que tengamos la confianza de que esto ya se paró”, expuso la experta.

No obstante, Muralles cree que el actual ministro de Gobernación “actúa de mejor manera”.

“En el ministro de Gobernación yo ahorita tendría la confianza de que no está dando esas órdenes —que daba López Bonilla, según la acusación de EE. UU.—. Del presidente —Jimmy Morales— no sé qué órdenes dará, porque hay una debilidad muy fuerte en el Gobierno”, añadió.

Al vocero presidencial, Heinz Hiemann, se le preguntó cómo se garantiza que en la actual administración no sucede lo mismo que en la anterior y respondió: “Creo que cada persona responde individualmente de sus hechos, de sus actos, y sobre todo si estos pueden estar relacionados con hechos delictivos o que prohíbe la ley; será responsabilidad de cada funcionario. Un funcionario únicamente puede hacer lo que la ley le permite, y todo lo que está fuera de este contexto, con mayor razón si está dentro de un entorno de un delito, deberá responder individualmente”.

La Cicig lo hizo notar

En julio del 2015, en pleno año electoral, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), presentó un informe de financiamiento de partidos políticos cuya conclusión es que los principales proveedores de ese financiamiento son estructuras dirigidas por operadores que se benefician de la corrupción.

“Se abre la puerta a que mafias del crimen organizado y el narcotráfico manipulen las campañas electorales”, advertía el informe.