“Si bien pienso que Estados Unidos debe ayudar a estos países, también creo que necesitamos exigirle cuentas a los gobiernos sobre los compromisos que adquieren”, indicó la legisladora texana este martes.

El gobierno del presidente Barack Obama presentó en febrero un proyecto presupuestario que busca proveer un mil millones de dólares principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, puntos de partida de las decenas de miles de menores que llegaron a la frontera estadounidense el año pasado sin documentos y sin acompañantes adultos.

Los líderes centroamericanos calculan el costo del plan en US$5 mil millones (unos Q40 mil millones) a cinco años a partir de 2016.

La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo que la voluntad política mostrada por los líderes de las tres naciones para acometer reformas crea el contexto adecuado para una ayuda de esa magnitud.

Recaudación fiscal

Jacobson mencionó como ejemplo a Honduras, el cual incrementó su recaudación fiscal en 21 por ciento durante el último año gracias a una reforma legislativa.

“Es solo el comienzo. Pero eso demostró una gran voluntad política”, mencionó Jacobson al comparecer ante la subcomisión. “Los tres líderes, con sus diferencias ideológicas, tienen la voluntad política para actuar”.

Elizabeth Hogan, subdirectora interina para América Latina para la Oficina Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), dijo que debido a que los tres gobiernos se han comprometido a adoptar reformas complicadas “vamos a atar nuestra asistencia a su capacidad de hacer eso. No vamos a tener recursos antes que reformas, sino reformas que precedan a los fondos”.

Como parte de la iniciativa regional que elaboran junto al Banco Interamericano de Desarrollo, los tres gobiernos han ofrecido crear entidades independientes para auditar la aplicación de los fondos, implementar el oleoducto entre México y Centroamérica a finales de 2015 y modificar las regulaciones que rigen los mercados nacionales para facilitar la administración de energía en toda la región para 2016.

Evidencias de capacidad

La principal demócrata en la subcomisión, la neoyorquina Nita Lowey, dijo a AP que no duda de la voluntad política de los tres mandatarios centroamericanos pero agregó que “necesitamos tener más evidencias de su capacidad para hacer los cambios. Eso es lo esencial”.

El republicano por Florida Mario Díaz-Balart dijo que la propuesta presupuestaria para América Central no da la importancia debida a la seguridad, y advirtió que “si no tenemos elementos serios sobre seguridad, todo lo demás será un desperdicio de dinero”.

Mientras tanto, dos legisladores demócratas y otros dos republicanos adscritos a la comisión de asuntos exteriores de la cámara baja le pidieron el martes al mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, creada en 2007.

“Mientras Estados Unidos aumenta su inversión en América Central, necesitamos trabajar con instituciones confiables que hayan alcanzado resultados”, dijo una misiva suscrita por los republicanos Jeff Duncan y Ed Royce —actual presidente de la comisión de asuntos exteriores— y los demócratas Eliot Engel y Albio Sires.

La solicitud de fondos para América Central es casi la mitad de los US$1 mil 900 millones que el gobierno estadounidense pidió en febrero al Congreso para América Latina durante el año fiscal 2016.