El Gobierno, a través de la Procuraduría General de la Nación, emprendió el pasado jueves el proceso judicial para solicitar la anulación del contrato con Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), una empresa que gestionaba la ampliación de la mayor portuaria del país, la terminal de Puerto Quetzal.

Paralelamente, solicitó también la intervención de las cuentas de la compañía para garantizar el respeto a los intereses del Estado.

La empresa TCQ está en el eje de una red de corrupción presuntamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti para cobrar un soborno millonario a cambio de un usufructo en la mayor portuaria del país.

La intervención de la entidad, reiteró Cabrera, tiene como objetivo un “control efectivo” de la misma sin que cese su actividad mientras se determina la nulidad del contrato.

En un proceso penal que se celebra estos días en el Juzgado “B” de Mayor Riesgo de la capital se realiza la audiencia de primera declaración contra los 12 acusados de participar en este caso de corrupción.