A pesar de citar el pago que en algún momento deberá hacer el Estado, aún no se tiene el monto de daños y prejuicios que la empresa deberá pagar a Guatemala. Dijo que pedirán una aclaración para poder saber el monto.
Morfin aseveró: “Un monto de daños y perjuicios la PGN no lo puede establecer, porque la PGN no es experta en determinar el daño, por esa razón se le pidió a la Corte que hiciera la condena en costas de que esa deviene de la propia nulidad del contrato. Es la consecuencia lógica de una nulidad absoluta del contrato; se le había pedido que ese monto se definiera por expertos en incidente una vez estuviera firme la sentencia”.
Aseguró que pedirán una aclaración y ampliación a la Sala, y dijo que si era necesario presentarían una casación.
“Recordamos que la sentencia no está firme, una vez agotados todos los recursos que la ley establece se tendrá que dilucidarse cada uno de estos pasos, y luego de que se termine se tienen que revertir los bienes porque esta es la consecuencia lógica”, expresó.
Recordó que no se observó el proceso legal que daba vida al funcionamiento de TCQ, en conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. Aseguró que lo que debió hacer fue celebrarse una concesión, la cual debió ser autorizada por el Congreso, “pero lo que se hizo fue un usufructo oneroso”, enfatizó.
