Todo ello por las sanciones derivadas de las  auditorías de la Contraloría General de Cuentas (CGC), garante de la transparencia y  la buena ejecución de los recursos del Estado y el cumplimiento de la Ley de Contrataciones.

Nueve meses han pasado desde que el Congreso modificó por segunda vez la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Desde entonces varias instituciones han manifestado su desacuerdo.

Incluso, el Departamento Jurídico del Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra) hizo un análisis en el que describe los “problemas derivados de la aplicación de la Ley de Contrataciones”. En este se resalta la creación del registro general de adquisiciones, que tiene la facultad de sancionar, pese a que en la misma normativa se detalla la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la vía arbitral previo a una acción penal.

Los contratos pueden ser prorrogables solo una vez, lo cual ha causado dificultades a algunas instituciones, una de ellas el Congreso de la República, lo que podría dejar en los próximos días sin servicio telefónico  a los diputados, debido a que ya no pueden continuar con el mismo contrato.

Falta de planificación

Pese a las quejas, legisladores que promovieron los cambios y expertos en economía coinciden en que la mayoría de obstáculos han sido consecuencia de  mala planificación de las diferentes entidades.

Para la diputada Nineth Montenegro, una de las autoras de las reformas del 2015 y 2016, existe incapacidad  de los magistrados para hacer una planificación de sus compras.

“Lo que puedo detectar es que no hay capacidad de prever, no hay planificación estratégica a largo plazo en las instituciones. Refleja que hay improvisación e incapacidad para sus planes. Estaban acostumbrados a irse con la figura de compra directa”, manifestó la congresista.

Agregó: “Segeplán —Secretaría General de Planificación— está casi vacío porque no hay estudios de factibilidad de carreteras o de compras de insumos”.

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), hizo un llamado de atención a las entidades que han criticado los cambios. “Luego de las reformas del 2015 hubo  quejas, así que se conformaron mesas de diálogo para modificar de nuevo la Ley, se invitó a todos los sectores; muchos llegaron a presentar sus molestias, y finalmente, en octubre del año pasado, se volvió a cambiar la norma. Si había algo que corregir debió ser en ese momento”, dijo.  

“No se sustituyeron los modelos tradicionales de compras; por el contrario, se agregaron nuevas formas, como la baja cuantía, el contrato abierto y la subasta inversa. Yo a veces me confundo un poquito porque se habla de que las modificaciones complicaron, pero no sé en qué sentido, no encuentro la razón para que digan que la ley anterior estaba mejor”, afirmó.

Mencos reconoció que la Ley de Contrataciones requiere ser mejorada. “Por ejemplo, se tiene que crear un capítulo especial para las compras de salud, pero en la actualidad se puede ejecutar sin problemas. Yo mismo me he sentado a explicarles a varios funcionarios”, detalló.

El diputado independiente Álvaro Velásquez aseguró: “El Gobierno se ha quejado de su inacción y mediocridad para ejecutar el gasto público, aún así creo que hace falta reformar la Ley y estoy seguro de que hay consensos dentro del Congreso”.

¿por qué hay  temor?

El presidente Jimmy Morales pidió el jueves último a sus ministros que no teman ejecutar. “Y si nos llevan a la cárcel, que nos lleven, pero la historia nos lo va agradecer”, exhortó.

El temor por firmar adquisiciones o procesos de ejecución es prácticamente generalizado, de acuerdo con el tono de las declaraciones de tres ministros, y se da más entre los mandos medios, gente de carrera y encargados de compras, entre quienes más existe un ambiente de incertidumbre.

El más sincero fue el ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro, quien reconoció que tanto  él como las juntas de calificación para compras tienen temor.

“Si le dijera que no tengo temor  no le estaría diciendo la verdad, pero tengo que trabajar, tengo que reaccionar, tengo que ser consecuente con las directrices del presidente”, expresó el funcionario.

“Si eso significa que por firmar voy a tener consecuencias legales, las tendré que enfrentar, pero no me quedaré con el deseo y con mi obligación como funcionario de gobierno de ayudar a las personas más necesitadas de mi país”, agregó.

El ministro de Agricultura dijo que, para ejecutar, ha sido problema el hecho de que se les exige un censo para poder implementar los programas sociales de esa cartera, pero también han sido un obstáculo las juntas calificadoras, porque han botado hasta tres veces algunos procesos de compra.

“Usted me preguntó: ‘Ministro, ¿a usted le da miedo firmar?’ Yo soy el ministro de Agricultura. Imagínese a ellos —los integrantes de las juntas calificadoras—. Y como realmente no se les puede obligar, son autónomas”, comentó Méndez.

incertidumbre

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, expresó que el “famoso artículo 100” de la Ley del Presupuesto 2017 ha generado incertidumbre, ya que con esta es mucho más difícil operar porque también se menciona a la Contraloría General de Cuentas para un papel contradictorio.

“Entonces no es viable el artículo, no es un candado, es un tropiezo, y no tiene razón de existir porque ya existen regulaciones, como dice la misma Contraloría, en la Ley del Presupuesto, en la Ley Orgánica Anual y no solo del presupuesto”, explicó.

“Peor ahora que todo mundo está con esa posición muy defensiva, pero no son los ministros, es principalmente la gente que está abajo, que son de carrera, que llevan su vida trabajando ahí”, señaló Estrada.

El jefe de la cartera del Tesoro ejemplificó que ahora hay temor de perfeccionar el sistema de automatización porque el trabajador tendrá problema “si no ve el problema”, pero si lo encuentra, se le sanciona porque fue el que encontró el problema.

Estrada abogó porque el Congreso modifique o elimine ese artículo de la Ley de Contrataciones. Inclusive  dijo que se evalúa una reforma a la Ley de la Contraloría, en un proceso multipartidario.

Añadió que los principales proyectos detenidos son de infraestructura, y eso podría ocasionar problemas de ejecución, debido a que requieren  la autorización de una comisión que formó la Contraloría.

“Lo más importante es que el mensaje del presidente es que tomen riesgos, pero no solamente somos nosotros, es toda la estructura, y se están tomando riesgos importantes, pero las cosas van más despacio”, insistió.

Indicó que los auditores también se sienten inseguros, por lo que, ante la incertidumbre, denuncia como penal algo que puede ser administrativo.

Difícil comprar

Desde que se aprobaron las reformas, los alcaldes han manifestado rechazo. En varias oportunidades, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Edwin Escobar, se ha quejado del margen máximo que tienen para efectuar compras directas.

En sus declaraciones, Escobar ha manifestado que antes de las reformas tenían hasta Q90 mil para hacer compras directas, pero con el cambio quedó en Q25 mil, pese a que ellos habían solicitado Q150 mil.

Y no son los únicos. En las últimas reuniones de jefes de bloques, los diputados se han quejado de que no cuentan con alimentación, debido a que se han limitado las compras directas.

“Nadie se está gastando las cajas chicas. Muchos compañeros dicen que han optado por guardar lo que les dan para no tener reparos de la CGC”, aseguró un congresista  que pidió no ser citado.

La propuesta de la CSJ

La semana pasada, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentaron una iniciativa de ley con la que buscan eludir algunas responsabilidades que se les sumaron luego de las reformas a la Ley de Contrataciones aprobadas en 2016  a causa de las exigencias de transparencia.

Según la presidenta de la Cámara Penal, Delia Dávila, el problema es que cuando las compras sobrepasan los Q900 mil, los magistrados de la CSJ en pleno deben  conocer y aprobar el gasto. Con anterioridad, esa función era solo del presidente.

“No queremos tener responsabilidades administrativas como lo establece la Ley de Contrataciones en la actualidad. Nuestra labor no es aprobar contratos y compras, y queremos que cambie”, aseguró.

La diputada Montenegro expuso: “Entiendo que su molestia es porque se colocó al gerente general de la Corte como la autoridad máxima para el manejo de los fondos y para rendir cuentas a la CGC, pero en verdad lo que me parece que está pasando es una cuestión de falta de previsión”.

Dávila indicó que en su caso no se trata de mala planificación en el gasto, sino que su conocimiento no consiste en aspectos de administración de recursos, sino de justicia.

Municipalidades

• Obras y compras avanzan  lento

Las disposiciones legales para hacer adquisiciones causan inconformidad en los alcaldes. Entre los aspectos señalados está que las compras directas no pueden superar los Q25 mil por cuatrimestre.

Además tienen inconvenientes con la integración de las juntas de licitación, ya que les piden  acreditar la experiencia y conocimiento de las personas respecto de la contratación o compra por efectuar.

Gerson López, secretario operativo de la Asociación Nacional de Municipalidades, explicó que las regulaciones vigentes son “contraproducentes y dañan a las comunas”.

En cuanto a las obras públicas, López afirmó que está pendiente la liquidación de proyectos de arrastre, lo cual impide ejecutar nuevos proyectos. El secretario indicó que del año pasado quedaron al menos 720 obras con deuda de Q550 millones.

El alcalde de Guastatoya, El Progreso, Jorge Orellana, explicó que necesitan liberar el monto para hacer compras directas   como se hacía antes –por hasta Q90 mil-. “Se han hecho acercamientos con diputados y gobernadores. Solo hay hasta el 15 de julio para ponerse al día”, indicó.

El asesor técnico administrativo de la comuna de Zacapa, Rony Linares, afirmó que mientras haya una solución están cumpliendo los tiempos estipulados y aplicando las normas vigentes. “Pero causa incertidumbre que haya ley y el reglamento no esté actualizado”, puntualizó.

El jefe edil de San Marcos, Cirilo Gabriel López, contó que a su administración se le ha dificultado no poder disponer de presupuesto, “por lo mismo que solo son Q25 mil pero cada cuatro meses”.

Ejecutivo

• Afrontar las adversidades

“Definitivamente existe  temor en temas de ejecución presupuestaria”, afirmó el vocero presidencial, Heinz Hiemann, por lo que el llamado del gobernante Jimmy Morales fue para afrontar ese tipo de “adversidades y temores”, al considerar que el beneficio es que los recursos del pueblo “regresen al pueblo”.

Hiemann subrayó que se trata de un llamado del presidente para que los asesores de los ministros y directores jurídicos y administrativos no busquen  paralizar   los proyectos pendientes, para que lleguen a su fase de inauguración, y que por problemas administrativos en la Ley del Presupuesto no se busque la viabilización, sino que se inauguren.

“A diferencia de los ministros, no puedo hablar por cuenta propia, sino que únicamente por el señor presidente, por lo que no cabe más comentario  a ese respecto”, respondió el vocero del gobernante.

Con honradez no hay temor

El ministro de la Defensa, Williams Mansilla, aseguró que los temores no deben existir si se hacen las compras como la ley manda y con transparencia. Afirmó que, en el estado de Sitio en Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, se efectúan compras por excepción, pero todas  con fundamento.

“Si uno está actuando con principio, valores y honestidad, no hay que temer”, expresó Mansilla. Mencionó que se trata de tener actitudes responsables, pero hizo ver que incluso en su cartera podrían existir temores. “No podemos tampoco, por esos temores, no actuar, y dejar de tomar también ciertos riesgos que nos exige la población para llevarles la solución”, afirmó.

Con información de Jessica Gramajo, Geovanni Contreras, Henry Pocasangre y Natiana Gándara