El artículo 95 de la Constitución Política de Guatemala establece que “la salud es un bien público. La salud de los habitantes de la nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento”.

Entre sus funciones está proponer las normas técnicas para la prestación de servicios de salud y coordinar con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda las propuestas de normas técnicas para la infraestructura del sector.

También debe realizar estudios y proponer las directrices para la ejecución de programas de vigilancia y control epidemiológico.

Es el encargado de velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en casos de emergencia por epidemias y desastres naturales.

Una de sus políticas es mejorar y ampliar la cobertura de atención y prestación de los servicios de salud integral.

Asimismo, promover y fortalecer acciones que garanticen la accesibilidad a medicamentos. Además, debe reconocer el uso y práctica de la medicina alternativa y tradicional.