Al magistrado se le señala de haber incurrido en tráfico de influencias, porque gestionó resoluciones judiciales a favor de la empresa TCQ en el juzgado de Escuintla.

Las pruebas fueron presentadas a  la Pesquisidora por l fiscal del MP  Juan Francisco Sandoval, y por la Cicig, la mandataria Ástrid Escobedo.

Al finalizar su presentación ante la instancia, integrada por cinco diputados, Sandoval indicó que su intención era dejar claro que la denuncia contra Charchal no obedece a razones políticas, espurias o ilegítimas, pues, por el contrario, “se tienen indicios de posible criminalidad, y derivado de la prerrogativa de la que goza el magistrado el MP, se vio en la obligación de presentar a  la CSJ la solicitud de retiro de antejuicio”.

Según Sandoval, Charchal habría influido en la decisión de un amparo interpuesto por TCQ, en un juzgado de Escuintla, que buscaba dejar sin efecto la suspensión  de la obra, derivado de la exigencia de la Municipalidad de  Puerto  San
José de una licencia de construcción por un monto de Q24 millones.

El fiscal del MP indicó que cuentan con las pruebas necesarias para determinar que la acusación contra el magistrado no es política, espuria o ilegítima, pues cuentan con la existencia del vínculo entre el intermediario y el magistrado, y con la resolución mediante la cual se benefició a TCQ.

Agilizan trámite

Aunque la Comisión Pesquisidora se planteó presentar el informe circunstanciado el próximo martes, ayer los diputados determinaron que será mañana sábado cuando entreguen su opinión a  la Dirección Legislativa.

Según la Ley, luego de escuchar a las partes la comisión integrada por sorteo debe recomendarse a los congresistas retirar o no la inmunidad al magistrado Charchal, pero la decisión se debe  tomar en  el pleno.

La instancia pesquisidora citó para hoy, a partir de las 8 horas, al magistrado Charchal, aunque  queda a discreción del funcionario presentarse.

Revelan negocio

El MP  ha presentado pruebas contra 12 sospechosos de haber gestionado en forma ilícita la entrega de un terreno de la EPQ en usufructo, por 25 años, a  TCQ. En audiencia de primera declaración solicitaron ligarlos a proceso por una serie de delitos.

Entre los  imputados se encuentran los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, a quienes se imputa  asociación ilícita, lavado de dinero, fraude y tráfico de influencias.

A la  acusación se suma como querellante la Procuraduría General de la Nación y la EPQ.