Si embargo la CC mantiene en suspenso provisional el proceso de antejuicio por un amparo presentado por la abogada Karen Fischer, acción que detuvo el trabajo de la Comisión Pesquisidora en el Congreso que ya había conocido los argumentos de las partes y solo le tocaba preparar el informe para rendirlo al pleno.

La acción de Pérez Molina contradice declaraciones previas donde aseguraba que no iba a actuar legalmente contra el proceso de antejuicio, argumentos que brindó cuando negó haber solicitado a un abogado presentar la acción de amparo a su nombre.

“Primero tenemos que seguir el debido proceso establecido, quiero decirles que habrá que esperar lo de la comisión pesquisidora y habrá que ver qué acciones van a tomar ellos”, respondió el mandatario el 11 de junio, cuando medios de comunicación lo cuestionaron sobre su decisión de buscar amparo ante la CC.

Según el vocero presidencial Jorge Ortega, la decisión es “oficial” y el mandatario guatemalteco la adoptó tras verse “obligado” por la coyuntura actual.

El diputado del movimiento político Winaq, presentó la denuncia contra Pérez Molina por los delitos de Encubrimiento Propio, Enriquecimiento Ilícito y Asociación Ilícita, por los casos de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria y en el Seguro Social.

Decisión política

La magistrada presidenta de la CC Gloria Porras, criticó la última semana la suspensión provisional del proceso de antejuicio contra Pérez Molina, señalando que la decisión se tomó por razones políticas y no jurídicas.

Porras anunció que se estarán realizando varias audiencias para escucar los argumentos de las partes y después tomar una decisión definitiva, respecto a la acción de amparo presentada por Fischer.

“Para mí, desde mi opinión particular, en este caso no procedía abrir a pruebas, porque ante la pregunta de cuál es el agravio, el presidente aparece como tercer interesado, y desde mi punto de vista, debería ser el primer interesado”, dijo Porras.

La nueva acción de amparo presentada ahora por Pérez Molina, como primer interesado, aún está pendiente de admitirse en el máximo tribunal constitucional.

Roberto Molina Barreto, magistrado de la CC y ponente de analizar el amparo presentado por Fischer, defendió la resolución con el argumento que estaba en riesgo la institucionalidad del país. “Las crisis se deben resolver por la vía de la legalidad”, amplió.