Política

Pacto de Corruptos: Rondan dudas sobre el futuro de los decretos

El Congreso decidió, el 15 de septiembre último, sesionar y archivar los dos polémicos decretos aprobados dos días antes, lo cual, sin embargo, despierta dudas sobre  la legalidad de esa acción, en medio de un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspende la vigencia de las normas.

Por Manuel Hernández Mayén y Roni Pocón

La CC frenó la vigencia de artículos del Código Penal que podrían   ocasionar daños irreparables al sistema de justicia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La CC frenó la vigencia de artículos del Código Penal que podrían   ocasionar daños irreparables al sistema de justicia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los decretos 14-2017 y 15-2017, que fueron aprobados el 13 de septiembre  por los legisladores, reformaban el Código Penal. En el primero se modificaba  el delito de financiamiento electoral ilícito y el otro aumentaba la conmutación de penas de cinco a 10 años, con lo que alcanzaba a unos 400 delitos.

El abogado constitucionalista Alexander Aizenstatd opina que el Congreso debe analizar y discutir las leyes o las reformas  antes de aprobarlas, pues  la Constitución establece un procedimiento claro para la entrada en vigor de estas; sin embargo, una vez aprobadas  no reconoce un mecanismo para que el Legislativo pueda retractarse, como lo hizo el pasado viernes.

“Constitucionalmente no veo que exista forma para que ellos —los diputados— puedan archivar un decreto luego de que haya sido aprobado.  Sí veo dificultades para justificar a nivel constitucional que puedan separarse del proceso que establece la Carta Magna para la aprobación de una ley”, explicó Aizenstatd. Según el constitucionalista, luego de aprobado un decreto pasa al Ejecutivo, para su sanción o veto.

Aizenstatd aseguró que lo actuado el pasado viernes por los congresistas podría impugnarse, lo que “muestra la falta de capacidad e idoneidad  para discutir y analizar los decretos antes de aprobarlos”.

Lo dejan con vida

En ese sentido, otros analistas señalan como una estrategia la decisión del Congreso de archivar los decretos y no derogarlos, lo que dejaría abierta la posibilidad de regresarlos al pleno y someterlos de nuevo a votación, en caso de que el fallo definitivo de la CC los favoreciera.

Jorge Rolando Barrios, expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, señaló que los amparos interpuestos y que suspendieron provisionalmente los decretos  quedaron sin materia al haberse ordenado que fueran archivados en el Congreso.

Según Barrios, lo dispuesto el viernes en el Congreso puede impugnarse, pero las posibilidades de que la acción prospere son remotas. Considera, por el contrario, que al archivar los decretos se podría considerar razón suficiente para dejar sin materia los amparos en la CC.

El abogado  Rodolfo Trabanino es de la opinión de que el proceso concluyó con archivar los decretos, para que no nazcan a la vida jurídica, aunque piensa que ello no garantiza que el Congreso no intente retomar esos u otros cambios.

“No existe la posibilidad de garantizar que no los retomen. Tampoco  hay garantía de que mañana no se vuelvan a juntar y que vuelvan a aprobar otra cosa igual. La potestad legislativa está en el Congreso y ese riesgo siempre va a existir, por el simple hecho de tener un congreso poco confiable como este. No es riesgo de estas dos iniciativas, sino que cualquier cosa puede pasar mañana”, explicó.

Otros cambios

Trabanino añadió que no existen  garantías de que en cualquier momento no se modifique  la Ley Orgánica del Ministerio Público y con ello se pueda  destituir a la fiscal general.

El jurista considera que la decisión de la CC fue correcta al otorgar el amparo provisional, porque eso garantiza que el Congreso no vuelva a legislar en la misma línea.

“El proceso legislativo quedó archivado, que el Congreso lo pueda reactivar, hipotéticamente siempre va a ser posible, como posible es que mañana hagan otra barbaridad igual”, advirtió el abogado Trabanino.

Suspenden proceso

La Corte de Constitucionalidad suspendió los decretos al considerar que constituyen una seria amenaza  al sistema de justicia.